Los sindicatos rechazan la subida del 10% a los empleados públicos hasta 2028

Tras varios encuentros previos, Función Pública ha puesto por primera vez una cifra concreta encima de la mesa para el nuevo marco plurianual de relaciones laborales y salariales. El planteamiento llega en un contexto de inflación todavía elevada y de fuerte presión de los sindicatos, que llevan meses denunciando la pérdida de poder adquisitivo de los más de tres millones de empleados públicos.

Desde la parte social, el mensaje ha sido inmediato: la propuesta no compensa ni la subida de precios de este año ni el deterioro acumulado desde la crisis de 2010. CSIF, CCOO y UGT reclaman un acuerdo que no solo blinde el poder de compra futuro, sino que también recupere el terreno perdido en la última década y media.

Los sindicatos califican de “insulto” la oferta del 10% y avisan de que solo firmarán un acuerdo que garantice la recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2010

Al mismo tiempo, el departamento que dirige Óscar López defiende que el acuerdo marco en negociación busca modernizar los servicios públicos, mejorar la atención a la ciudadanía y avanzar en empleo, igualdad y condiciones de trabajo, más allá del componente salarial.

Una oferta del 10% condicionada por el techo de gasto

Según han trasladado las organizaciones sindicales, Función Pública propone una subida fija del 10% entre 2025 y 2028, repartida en los cuatro ejercicios. El diseño prevé que el aumento no pueda superar el 4% sumando los dos primeros años, 2025 y 2026, para no vulnerar el techo de gasto fijado por el Gobierno. El 6% restante se concentraría en 2027 y 2028, con un incremento más intenso en 2027 ante la previsión de moderación de la inflación.

CSIF recuerda que la inflación interanual hasta octubre se sitúa en el 3,1%, lo que, a su juicio, provoca que los dos primeros años del acuerdo supongan una pérdida neta de poder adquisitivo. Para el sindicato, el esquema propuesto llega tarde y corto respecto a la evolución de los precios y de la recaudación tributaria del Estado.

A la espera de que el Gobierno concrete el reparto exacto año a año, el planteamiento puede resumirse así:

Los sindicatos insisten en que cualquier acuerdo debe incorporar cláusulas que vinculen las subidas reales a la inflación y que corrijan la merma acumulada desde 2010.

La distribución del aumento hacia los últimos años del periodo alimenta las dudas sindicales sobre si el acuerdo llegará a compensar la inflación real de 2025 y 2026.

CSIF denuncia pérdidas de hasta el 20% desde 2010

CSIF ha sido especialmente contundente al rechazar la oferta. El sindicato sostiene que, desde 2022, fecha del anterior acuerdo salarial, los sueldos de los empleados públicos se han devaluado un 8%, mientras que desde 2010 la pérdida de poder adquisitivo se aproxima al 20%. En ese contexto, consideran que una subida del 10% a cuatro años es insuficiente y no responde al esfuerzo realizado por las plantillas.

El sindicato que encabeza Miguel Borra subraya además que el Gobierno “está recaudando más que nunca”, ha elevado el techo de gasto y, por tanto, tiene margen fiscal para mejorar la oferta. Por “responsabilidad”, CSIF asegura que seguirá negociando, pero advierte de que no firmará un acuerdo que consolide nuevas pérdidas.

El malestar entre los empleados públicos se ha convertido en un elemento central de presión sobre el Ejecutivo.

Por su parte, CCOO ha calificado la propuesta de “insulto” para los funcionarios y la ha tildado de “totalmente inaceptable”. La central solo acepta negociar sobre la base de una oferta que garantice la recuperación del poder adquisitivo, incluida la parte perdida en los últimos años. Si no hay una propuesta “justa”, CCOO amenaza con retomar la convocatoria de huelga general en diciembre.

Desde UGT Servicios Públicos, su secretaria general, Isabel Araque, reconoce que el porcentaje del 10% “complica la negociación” y recuerda que para el sindicato cualquier acuerdo plurianual debe “garantizar el poder adquisitivo”. “No estamos para perder oportunidades ni para perder dinero”, ha subrayado, dejando en el aire la posibilidad de nuevas movilizaciones.

La incógnita sobre si las tres organizaciones reactivarán el calendario de protestas dependerá de cómo evolucione la negociación en las próximas horas.

Nueva reunión este jueves y un acuerdo marco más amplio

Ante el rechazo frontal de los sindicatos, Función Pública ha convocado una nueva reunión para este jueves 20 de noviembre a mediodía. El objetivo es intentar acercar posiciones en el bloque salarial y evitar que la mesa descarrile en plena amenaza de conflicto laboral en la Administración.

En paralelo a la parte económica, el Ministerio y las organizaciones sindicales aseguran haber avanzado en otros puntos del acuerdo marco: agilización y mejora de los procesos selectivos, impulso de la promoción interna y del desarrollo profesional, planificación de efectivos, refuerzo de la atención a la ciudadanía y mejora de las condiciones de trabajo, con énfasis en la igualdad, la no discriminación y la seguridad y salud laboral.

Función Pública defiende que todos estos elementos forman parte de una estrategia para dotar de mayor calidad a los servicios públicos y mejorar la relación entre la Administración y los ciudadanos.

El pulso se centra ahora en cerrar un marco salarial que dé respuesta al deterioro acumulado de las nóminas. Los sindicatos recuerdan que, desde la bajada salarial de 2010, la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos roza el 20%, y avisan de que esa cifra será la referencia clave sobre la que medirán cualquier propuesta del Gobierno.

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