La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo. (Foto: Congreso)
Los sindicatos han anunciado a través de un comunicado la paralización de estas campañas hasta que el Plan Estratégico aprobado por el Gobierno para el periodo 2021-2023 sea cumplido en lo referente al refuerzo de la estructura de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, mediante la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo.
En concreto, se verán afectados los programas relativos al control de planes de igualdad entre mujeres y hombres; control del tiempo de trabajo; control del registro de jornada; control de condiciones salariales; control de exoneraciones de ERTEs Covid; control de economía irregular y trabajo de extranjeros en la agricultura y control de los riesgos asociados a la actividad agraria.
La semana pasada, los sindicatos con representación en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social convocaron una concentración como parte de la nueva tanda de movilizaciones que emprendieron hace unas semanas para denunciar la falta de recursos en el organismo.
Esta segunda fase de movilizaciones, que concluirá con una huelga indefinida a partir del 26 de junio, tiene por objetivo protestar por la “caótica” situación de la Inspección, afectada por la falta de recursos, recoge Europa Press.
CCOO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess, sindicatos convocantes de las protestas, llevan tiempo demandando al Gobierno que cumpla con el acuerdo que suscribió con ellos en julio de 2021 para reforzar e incrementar la plantilla de la Inspección.
Las organizaciones sindicales argumentan que la anterior Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Inspección data de hace más de 20 años, por lo que es necesario dar cumplimiento a la que se acordó con los sindicatos e incorporar de manera inmediata los 500 efectivos que se habían prometido de manera urgente y progresivamente el resto de personal comprometido.
La plantilla de la Inspección está compuesta por 3.000 efectivos, de los que 2.200 son inspectores y subinspectores y el resto, personal de estructura, que deben atender a 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas.
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