Un 'rider' de Glovo circula por la Puerta del Sol el día, en Madrid
Así se ha expresado la experta en una entrevista en el programa televisivo ‘La hora de la 1’ recogida por Europa Press, en la que también ha explicado que la contratación de los empleados de Glovo, que hasta ahora trabajaban como «falsos autónomos», supondrá mayores garantías laborales para los ‘riders’, así como «ingresos millonarios para las arcas del Estado».
Mirón ha reconocido que existen «detractores» de la medida, preocupados porque su nivel de ingresos, libertad o ritmo de trabajo vaya a empeorar con la regularización, pero ha subrayado que ahora, en cambio, tendrán derecho a cobrar el paro si son despedidos y un salario regulado por los convenios colectivos y no «al arbitrio de lo que Glovo decida», al tiempo que no tendrán que asumir las cuotas a la Seguridad Social que están obligados a pagar los autónomos.
A este respecto, la especialista ha animado al sector de los repartidores afectados a reclamar en una acción colectiva las cotizaciones que han estado abonando a la Seguridad Social mientras han sido «falsos autónomos». «Es una reclamación que se podrá tramitar frente al Estado, no frente a Glovo», ha aclarado.
«Glovo tendrá que asumir el coste de esas cotizaciones impagadas y, por otro lado, está la devolución que el Estado tenga que hacer a esos ‘falsos autónomos’ por las cuotas que han ido pagando por la mala praxis de Glovo», ha detallado Mirón.
Asimismo, la abogada ha reconocido que esta regularización, que puede ser el proceso de este tipo más grande que se haya vivido en España, es una situación «muy excepcional y supone un punto de inflexión».
Precisamente, este martes el consejero delegado de Glovo, Óscar Pierre, ha declarado como investigado en el proceso penal iniciado por la Fiscalía por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, incluyendo posibles fraudes en la contratación basándose en actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
El directivo ha alegado ante la jueza que el nuevo modelo de empresa impulsado en España este lunes para regularizar a los trabajadores ‘riders’ «puede parecer una estrategia de defensa, pero es una coincidencia».
Así, durante su declaración y según fuentes presentes en la sala, Pierre «en todo momento ha defendido que su modelo es lícito, pero que desde la empresa no quieren estar discutiendo con la administración», motivo por el que laboralizarán a los ‘riders’. En este sentido, el ejecutivo ha asegurado que han aportado sentencias que estiman la legalidad de su modelo de trabajo y ha alegado que han respetado los criterios, pero ha expresado que cambian el modelo porque quieren «paz social y con la Administración».
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