Los rectores no quieren entrar “en el fondo de la cuestión” sobre el máster de Cristina Cifuentes. Aunque admite la “graves irregularidades” en la presunta falsificación del título de la presidenta, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) se limita a verificar que el procedimiento de información abierto por la URJC ha contado con las garantías suficientes.
Tras el trabajo de dos observadores de esta plataforma, el informe que hoy ha presentado la CRUE solo considera “algo precipitadas” las primeras declaraciones del rector de la URJC. Pero avalan todos sus demás movimientos: tanto la apertura y ejecución de la investigación como el traslado del caso a la Fiscalía.
El presidente de la CRUE, Roberto Fernández, ha insistido en defender el buen nombre del total del sistema universitario español y ha criticado que cargos públicos quieran sembrar sospechas sobre su limpieza a raíz del caso Cifuentes.
También quiere velar por el prestigio de la universidad que presuntamente falseó el máster de la popular y defiende a su rector, Javier Ramos: “La honoralibilidad y buen hacer profesional de los trabajadores de la URJC no pueden verse afectados por la presunta conducta irregular de algunos miembros”, ha expresado Fernández reivindicando el valor y legalidad de sus títulos.
A pesar de ello, los observadores constatan que faltan “parte de los documentos” necesarios en la investigación interna de la URJC, aunque entienden que esto ha ocurrido por la puesta del caso en manos de la Fiscalía “tras encontrar indicios racionales de delito”.
El director del servicio de Inspección de la Universidad de Burgos y uno de los observadores externos, José Angel Contrera, ha concretado que “no se han efectuado la totalidad de las comparecencias previstas”, primero “por la solicitud de aplazamiento de algunos comparecientes y por justificantes médicos presentados por otros”.
Se refiere a la solicitud de Enrique Álvarez Conde, director del máster y del organismo que coordina la titulación, que quiso comparecer el último ante la inspección interna. No obstante, consideran acertado que las pesquisas se hayan frenado al trasladarse el caso a la justicia.
El único posicionamiento algo más explícito sobre este caso por parte de la CRUE ha sido en las preguntas de la prensa. Su presidente ha admitido que “si los políticos dicen que tienen un máster deben garantizar que lo tienen, y si dicen que lo tienen y no es así, es motivo de dimisión de su cargo público”.
“No son una raza de ciudadanos distinta”, ha declarado, insistiendo en que sería una “grave irregularidad” que se acabase por confirmar la falsificación del título de la popular como indican todos los indicios sobre falta de actas y pruebas sobre materias y el TFM.
“Corresponde únicamente a la Universidad Rey Juan Carlos la responsabilidad derivada del procedimiento de información reservada a través de su propia inspección de servicios”, ha defendido de nuevo el presidente de los rectores.
También se ha escudado en que la CRUE “es una asociación privada de universidades para fomentar la comunicación y la calidad del sistema por lo que no tiene potestad jurídica para intervenir sobre ninguna” de ellas en concreto.
El presidente de esta plataforma se ha limitado, por último, a confiar en que la justicia “dicte sentencia y que el rectorado de la URJC actúe en consecuencia, aplicándola en todos sus extremos”. Ha subrayado su apoyo al rector “para llegar hasta las últimas consecuencias para mantener el buen nombre de su universidad y de todo el sistema universitario español”.
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