Los que se forran con el «procès»

No hay conflicto sin víctimas ni crisis sin problemas para muchos, pero tampoco hay conflicto ni crisis que no tenga sus beneficiarios en el mar revuelto. Pasa en las guerras, en los terremotos y hasta en las grandes hambrunas o epidemias. De la miseria, el hambre y el drama nunca falta quien saca tajada. Es triste reconocerlo, y a veces arriesgado decirlo, pero es una realidad que está ahí y la experiencia lo demuestra.

Actualmente en España hay más desigualdad que antes de la larga crisis sufrida, más desempleo, más desalojos y más mendigos en las calles pero, ahí están las estadísticas para corroborarlo, también hay más ricos. No voy a entrar ahora a debatir si el actual Gobierno es bueno o malo, mejor o peor que los anteriores. Pero los datos son concluyentes y variados.

Vivimos un largo y lamentable conflicto con el independentismo en Cataluña que no duda en castigar a todos sus conciudadanos en su empeño por pasar con la suya por encima de leyes y normas de convivencia. Frente al semejante empeño suicida, asistimos a una pasividad oficial no menos preocupante. Ni quien tiene que hacerlo mueve un dedo para encontrarle solución ni quienes manejan el reto cejan en su empeño.

Como consecuencia los perjuicios son incalculables en todos los ámbitos de la vida cotidiana y uno de ellos, quizás el más fácil de calcular, es la economía. Más de tres mil empresas han huido a otras regiones en busca de estabilidad política, el turismo se ha hundido y la creación de puesto de trabajo aumenta a un ritmo bastante más lento que en el resto de España. Los hoteles tienen menos ocupación y los restaurantes más mesas vacías.

Pero entre los afectados de una forma u otra, hay un colectivo profesional que lejos de resultar damnificado, el conflicto le está propiciando pingües ganancias. Son los registradores de la propiedad y los notarios que, solamente tramitando y cobrando los traslados de sede de las sociedades y compañías que se marchan, están recibiendo unos ingresos extra con los que hacía mucho tiempo que no soñaban. No tienen esa suerte otros.

Mientras desde el poder se está dejando el problema en manos de fiscales, jueces y cuerpos de seguridad, ninguno está teniendo la más mínima compensación o reconocimiento por el exceso de trabajo. Pareciera lógico que ante una situación así desde el Estado se proporcionase más medios a quienes han visto multiplicado su riesgo, su esfuerzo y su responsabilidad. Pero la realidad es que se les niegan incentivos.

Unas semanas atrás resultaba poco menos que degradante la situación de guardias civiles y policías, alojados en el Piolín de penoso recuerdo o en hostales y fondas de categoría ínfima. Ante una situación como la que atraviesa Cataluña parece lógico que se adopten medidas, presupuestarias si es necesario, para que quienes tienen que afrontar los problemas cuenten con mejores medios materiales y algún tipo de compensación. Nada más lejos.

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