Manifestación de la PAH en el Congreso
Cientos de voluntarios calientan motores para la primera gran jornada de recogida de firmas que tendrá lugar el próximo sábado en un centenar de distritos y municipios madrileños con el objetivo de llevar a buen puerto la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por el derecho a la Vivienda en la Comunidad de Madrid.
Con esta ILP impulsada por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM), la Asociación Libre de Abogados (ALA) y la Coordinadora de Vivienda de la Comunidad de Madrid -que agrupa a las comisiones de vivienda de las Asambleas 15M y a las Plataformas de Afectadas por la Hipoteca (PAH)– se pretende instar a la Asamblea de Madrid a aprobar una “ley urgente” que garantice el derecho constitucional a acceder a una vivienda digna y además frenar los desahucios, denunciando que, entre 2008 y 2015, se han contabilizado más de 79.000 desahucios en la Comunidad de Madrid.
Para dar un impulso a la iniciativa legislativa ciudadana, el 1 de abril cientos de voluntarios miembros de la PAH, de los grupos de vivienda de las asambleas del 15M, de asociaciones vecinales y de otros colectivos sociales instalarán mesas de recogida de firmas por toda la geografía regional.
Según informan desde la FRAVM “desde Tres Cantos hasta Aranjuez, desde Alcalá de Henares a Móstoles, pasando por Las Rozas, Arganda, Rivas, Alcorcón o Leganés y por la totalidad de distritos de la capital, grupos formados al calor de la campaña informarán a la ciudadanía y pedirán su adhesión a una iniciativa que persigue poner fin a los desahucios de vivienda y a los cortes de suministros básicos en la comunidad autónoma”.
Hace notar la federación vecinal que “el sábado es un día clave para la campaña del movimiento por el derecho a la vivienda, y supone un punto de inflexión en un proceso que necesita 50.000 firmas de ciudadanos de la Comunidad de Madrid para que pueda llegar a buen puerto, esto es, para que la ILP pueda ser debatida en el parlamento regional”. Y recuerda que “tal y como marca la legislación, las tres entidades promotoras tienen tres meses para llegar a esa cifra mínima de adhesiones, un plazo que finaliza el próximo 26 de mayo”.
La del 1 de abril va a ser la primera gran jornada de recogida de firmas de la campaña, y en ella esperan sustraer al contador de las 50.000 una buena cantidad de rúbricas, informando que “desde el pasado 11 de marzo, fecha en la que arrancó la recogida de firmas, hasta el día 29, los colectivos de la campaña han reunido más de 14.000 firmas. “Más de 14.000 firmas en sólo 18 días de aprendizaje y de sortear dificultades burocráticas”, precisan desde la FRAVM.
Y recuerda la entidad vecinal que la misma semana que comenzó la campaña de recogida de firmas, representantes de las tres organizaciones promotoras se reunieron con responsables de los cuatro grupos políticos con representación en la Asamblea de Madrid con el fin de trasladarles el contenido de la ILP y buscar su apoyo. Tras esta primera ronda de contactos y una vez recogidas las 50.000 firmas, la Coordinadora de Vivienda, la FRAVM y ALA esperan que los cuatro partidos permitan que la ley sea debatida en sede parlamentaria.
Los promotores de esta iniciativa ciudadana ya explicaron cuando se presentó la de esta iniciativa ciudadana a la opinión pública que detrás de esta ILP se encuentra el hecho de que “en la Comunidad Autónoma de Madrid se ejecutan cada año 10.000 desahucios, 25.000 cortes de agua y más de 150.000 hogares no pueden afrontar la factura energética para mantener la temperatura de su hogar”, y explican que “ante esa alarmante realidad” pretenden que la Asamblea de Madrid “apruebe nuevas políticas sobre vivienda y suministros vitales básicos que hagan frente a esta emergencia social.
En resumen lo que esta Ley busca, según los promotores de la ILP, es: Garantizar la eficacia del derecho a una vivienda adecuada del artículo 47 de la Constitución; Paralizar los desalojos forzosos sin alternativa habitacional; El establecimiento de un proceso de acceso a la vivienda general y de emergencia; Establecer medidas para prevención del uso antisocial de las viviendas; Ofrecer una garantía habitacional para situaciones de exclusión residencial en función a la renta familiar y proteger al consumidor en materia de vivienda para evitar conductas abusivas.
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