La Comisión Europea aprobó a finales del pasado abril la propuesta de una directiva para proteger a los ‘whistleblowers‘, o denunciantes de corrupción. Todo un salvavidas para un colectivo que, sin embargo, mira con recelos esta iniciativa. No les convence del todo. Y es que, en su opinión, tiene importantes lagunas. Así lo asegura la Plataforma X la Honestidad, que considera que se trata de una “norma de mínimos” que “solo se aplicaría a quienes estén sujetos a una relación laboral”.
De esta manera, censura esta asociación, “excluye a ecologistas, madres y padres de alumnas/os, defensoras de la sanidad pública, estudiantes, sindicalistas y activistas”. Incluso, la plataforma alerta de que podrían quedar fuera aquellas personas que trabajan en empresas de menos de 50 trabajadores “al no disponer de cauces internos para denunciar”.
A esto hay que sumar, denuncia la Plataforma X la Honestidad, que “no se maneja un concepto social de la corrupción si no sólo su coste económico” y “echan en falta propuestas educativas y sociales imprescindibles para vencer a una lacra sistémica, sobre todo en el estado español que afectaría a todas sus instituciones”. Tampoco están de acuerdo con la exclusión de la seguridad nacional “a pesar de las denuncias documentadas de prácticas irregulares en el ámbito de las Fuerzas Armadas (FFAA)”. No hay más que recordar, por ejemplo, el caso de Luis Gonzalo Segura, expulsado del ejército por denunciar.
Asimismo, estos denunciantes plantean la “suspensión automática de toda sanción disciplinaria al informante cuando se acredite con la impugnación de la misma la presentación de una denuncia/información por corrupción” y una asistencia efectiva que incluya juristas, peritos y psicólogos, además de una “adecuada” protección de testigos.
Garantizar el anonimato y un sistema de sanciones contra las conductras “represivas” hacia los denunciantes, son otras de las exigencias de este colectivo respecto a la mencionada directiva europea. “Es necesario la penalización para disuadir y frenar la persecución sobre los denunciantes. Aquellas personas u organizaciones que acosen por cualquier vía o forma a los alertadores deberán ser sancionados, incluso con la pérdida de subvenciones públicas que reciban”, defiende esta plataforma.
La Plataforma x la Honestidad traslada estas medidas con la confianza en una “mejora sustancial” de esta propuesta del Parlamento Europeo mientras sigue a la espera que en el Congreso de los Diputados se apruebe “de una vez una norma” que otorgue protección a este colectivo.
Hace poco más de un mes, el pasado 23 de junio, denunciantes de corrupción se concentración ante la Cámara baja para reclamar una ley integral que los proteja y se repare “el indecente calvario” que muchos de ellos han sufrido en los últimos años. “Llegaremos hasta donde sea necesario para protestar ante un sistema que protege a los corruptos, que siguen cobrando en muchos casos hasta casi el momento de entrar en prisión, mientras expulsa de sus trabajos a los denunciantes en procedimientos exprés”, se quejaban. Y es que, lamentaban que tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía “se muestran contra los denunciantes de corrupción en los juzgados en lugar de protegernos y defendernos”.
