Estas son las conclusiones que se desprenden del informe de 210 páginas, recogido por Europa Press, que los peritos han remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, Santiago Pedraz. Todo ello en la causa abierta en junio del pasado año, en el que se pone el foco en la citada operación.
Los inspectores del Banco de España Jaime Cidoncha y Juan Francisco Castro explican que de la revisión de la documentación disponible en esta pericia “se desprende que el motivo de ampliar capital tuvo directa relación con el resultado de las pruebas de estrés y con la decisión de cumplir con los requerimientos de solvencia exigidos, evitando así recibir ayudas públicas, lo cual hubiera supuesto, probablemente, la pérdida de la total independencia del banco”.
Y es que, apuntan, “dado el elevado importe a cubrir y la urgencia por hacerlo, fruto de los plazos impuestos por el Banco de España, los órganos de administración” del Popular “se decantaron por realizar una ampliación de capital al considerarse la opción con más probabilidades de éxito de entre todas las disponibles”.
“La decisión final de ampliar capital se tomó en una Junta General de Accionistas Extraordinaria convocada al efecto, con el respaldo de la inmensa mayoría de los socios presentes. Adicionalmente, según se desprende de la lectura de las actas, el proceso de decisión incluyó un buen número de reuniones de la Comisión Ejecutiva y el Consejo de Administración”, detallan.
En esta línea, los peritos explican que “en esas reuniones se trató la manera de afrontar la recapitalización, considerando diversas opciones, y las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas”. “Los principales argumentos para optar por la ampliación de capital con derecho de suscripción fueron la probabilidad de éxito y la maximización de valor para el accionista”, coligen.
La ampliación de capital fue “un éxito”
Para los expertos “que la ampliación de capital fue un éxito es un hecho, ya que se suscribió por completo en el plazo previsto, e incluso hubo sobredemanda de títulos”. “A este éxito contribuyó decisivamente el que la mayoría de los miembros del Consejo de Administración invirtieran su propio dinero, suscribiendo entre todos ellos el 20% de la ampliación, hecho que, durante la fase de decisión, se consideró condición necesaria para que la operación saliera adelante”, recuerdan.
Así las cosas, apostillan que “la evolución del valor de la acción en bolsa en los meses posteriores muestra que, en general, los inversores consideraron la operación muy beneficiosa, produciéndose desde muy pronto revalorizaciones relevantes de la acción, incluso por encima de la media del mercado”.
“A esta mejora de la imagen del banco entre los inversores contribuyó, sin duda, que se lograran, en gran medida, los objetivos previstos con la ampliación. En primer lugar, la cobertura del déficit de capital obtenido en el escenario adverso del test de estrés de Oliver Wyman sin necesidad de acudir al FROB; y, en segundo lugar, un saneamiento acelerado de riesgos, principalmente los ligados al sector inmobiliario”, recoge el informe.
Los peritos sostienen que “este saneamiento acelerado mejoró sustancialmente las ratios de cobertura de riesgos y adjudicados y según los planes” del Popular y “dejó al banco en una posición saneada que le permitiría obtener mejor rentabilidad en los años siguientes, lo cual se veía con buenos ojos entre los inversores”.
“Acudir a la ampliación de capital fue una buena inversión”
“En conclusión, y con independencia de la rentabilidad que obtuviera cada uno de los accionistas de Banco Popular, fruto de sus decisiones privadas de inversión, podemos decir que, en general, acudir a la ampliación de capital fue una buena inversión, tal y como lo demuestra la cotización de la acción, con revalorizaciones importantes en casi los tres años posteriores a la ampliación de capital, en gran parte fruto de la mejor situación financiera del banco tras las medidas de capital y saneamiento adoptadas”, concluyen.
Cabe recordar que el juez Pedraz admitió en junio del pasado año dos querellas interpuestas, entre otros, contra el Banco Popular y su expresidente Ángel Ron por un presunto delito de estafa de inversores o incumplimiento de los deberes de información en la ampliación de capital del ejercicio 2012. Una de ellas fue presentada por Miguel Ángel Pereira en representación de otras 50 personas que perdieron su dinero en la citada ampliación.
