Jubilado
Los pensionistas pagaron 598,3 millones de euros en copagos de medicamentos durante 2018. Además, por fármacos que perdieron la financiación pública los jubilados tuvieron que desembolsar otros 488,7 millones de euros más. En total, este colectivo puso de su bolsillo 1.087 millones más que antes de 2012 no tenían que desembolsar, según los cálculos realizados la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM).
A través de un comunicado, del que se hace eco Europa Press, la AAJM recuerda que, según cifras del Barómetro Sanitario de 2018, un 3% de la población no pudo comprar algunos de los medicamentos que les recetaron en la sanidad pública. Y alertan que “aunque esta proporción se ha reducido desde 2017, siguen siendo demasiadas personas” las que “no han podido comprar los medicamentos que les recetaron en la sanidad pública por dificultades económicas”. Explicando en están esta situación “muchas personas con pensiones bajas, con cargas familiares (hijos o nietos en paro que necesitan su ayuda para comer y para otros gastos), que han tenido que prescindir de alguna de sus medicinas”.
AAJM denuncia que el “repago” es “injusto”, puesto que la sanidad “se paga a través de impuestos, que deberían ser en función de la capacidad económica (renta y patrimonio), de tal manera que la atención sanitaria pueda ser libre de pago en el momento en que se necesite utilizarla”. En este sentido, consideran que la propuesta de presupuestos del Estado del Gobierno socialista para reducir progresivamente el copago farmacéutico Eiba en la buena dirección”.
Respecto a los medicamentos desfinanciados con el Real Decreto-Ley 16/2012, esta asociación denuncia que su precio medio ha aumentado en este periodo “de forma considerable” con subidas de hasta el 90%, cuando en ese mismo periodo (diciembre 2012-diciembre 2018), el IPC subió un 3,1%, lo que “no parece razonable”.
Finalmente, califican de “muy acertada” la decisión del Ministerio de Sanidad de rechazar un nuevo incremento del precio de ‘Fortasec’ (antidiarreico), que ha aumentado su precio un 217 por ciento desde 2012. “La Ley establece que se podrán rechazar estos aumentos para proteger la salud pública, garantizar la igualdad de acceso a los medicamentos por parte de los pacientes y evitar lesión real o potencial a los colectivos desfavorecidos. Es bueno que el Gobierno sea firme en la defensa de los intereses de los pacientes y del conjunto de la sociedad”, concluye el comunicado.
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