Los países de la UE solo investigan 4 de cada 10 casos de fraude de los que alerta la OLAF

Banderas de la Union Europea
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La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) cuantificó en 631 millones de euros los ingresos perdidos de los países de la UE en casos de fraude detectados en 2016. El año anterior la cantidad superaba los 888 millones. El organismo hizo 346 recomendaciones a las autoridades de los Estados miembro y a la UE, de los que fueron atendidos, de media, un 44% de los casos.

La Oficina, centrada en el rastreo de posibles fraudes relacionados con el uso de fondos europeos, emitió 28 avisos a España el año pasado. La justicia española sólo abrió diligencias en 12 de los casos, empeorando la media europea y atendiendo a un tercio de las alertas.

En su memoria de 2016, el órgano informa de que abrió 219 investigaciones nuevas, número similar al ejercicio anterior a pesar de lamentar la reducción de personal: según su director general, Giovanni Kessler, la plantilla se quedó en 415 miembros en 2016, frente a los 422 del año anterior.

En resumen, la Oficina recopila tres grandes nociones sobre el fraude con fondos europeos en 2016: en primer lugar, que la contratación pública sigue siendo un mercado muy atractivo para los estafadores, que usan métodos corruptos y cuentas en paraísos fiscales, y alerta sobre los estados que subcontratan servicios y obras con empresas radicadas en distintos países.

Por otro lado, destaca que las subvenciones para la investigación y el empleo “constituyen un lucrativo negocio” fraudulento, destacando la vía de los subsidios al desempleo. Además, la OLAF recuerda que las redes criminales usan esquemas transnacionales de alta complejidad para eludir los derechos e impuestos aduaneros.

Por lo que se refiere a las 344 investigaciones actualmente en marcha, 69 se refieren a irregularidades o uso fraudulento de fondos estructurales, 60 sobre aduanas y comercio, 59 sobre el gasto centralizado, 52 sobre ayuda externa y 48 sobre el personal de la UE.

Este órgano es el mismo que investiga al comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, y a la exvicepresidenta del Ejecutivo comunitario Neelie Kroes en relación con el escándalo de los papeles de Panamá de evasión fiscal a través de sociedades opacas.