Los países socios disponen ahora de hasta tres meses para analizar la información recibida y presentar objeciones si lo desean, pero transcurrido ese plazo si ningún Estado miembro se posiciona en contra la prohibición se generalizará al conjunto de la Unión Europea.
Así lo ha indicado este jueves la Comisión Europea que, al igual que los Estados miembro, recibió la víspera una notificación de París informando de que prohibía la comercialización de este dispositivo porque excede los límites de emisión de ondas de radiofrecuencia establecidos por la Agencia Nacional de Frecuencias (ANFR).
Según la normativa comunitaria que afecta a pequeños electrodomésticos en el Mercado Interior, un Estado miembro tiene la obligación de informar a sus socios cuando decide restringir la comercialización de uno de estos productos y el resto de países disponen de tres meses para analizar la información y plantear o no objeciones.
En este contexto, el secretario de Estado para la Digitalización en Bélgica, Mathieu Michel, ha informado también de que ha dado instrucciones de que se revisen los riesgos del dispositivo para decidir si su país sigue los pasos de Francia.
