En el currículum de la Universidad Rey Juan Carlos hay muchas más manchas que el supuesto falseo de notas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Las acusaciones de plagio de su exrector, que se marchó a principios de 2017 negándose a dimitir y adelantando tres meses las elecciones en la institución, suponen el mayor escándalo previo al máster de la presidenta del PP de Madrid.
Fernando Suárez, exrector, fue acusado de más de una docena de plagios: el corta y pega provenía de fuentes tan diversas como textos de otros colegas, de alumnos de doctorados o de documentos de la Real Academia de Historia. Suárez siempre negó los plagios: los calificó de “disfunciones”, errores por “ser humano”, aunque se documentó el traslado de párrafos completos sin citar en sus artículos cuando era rector y vicerrector.
Pero al menos uno de esos despistes está ya en la justicia: un juzgado de madrid investiga los presuntos plagios del ex rector y abrió diligencias el pasado octubre por un «posible delito contra la propiedad intelectual» contra él. El caso se abrió por la demanda ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid del penalista de la Rey Juan Carlos, Antonio Cuerda. En esta noticia consta cómo hasta 30 profesores de esta universidad pública le acusan de haber plagiado en once publicaciones.
Al poco de estallar esa polémica, eldiario.es informó de que esta misma universidad fichó de forma fraudulenta a la hermana de Cifuentes: Margarita Cifuentes era hasta 2016 personal de administración. Pero el mencionado rector la contrató con una fórmula reservada a profesores de reconocido prestigio. El mismo diario confirmó que la hermana de la presidenta no contaba con ninguno de los requisitos de la ley universitaria vigente, el convenio profesional o de los estatutos de la propia URJC para acceder a ese tipo de contrato.
Este campus es una de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid, y actualmente maneja un presupuesto anual de unos 123 millones de euros. Sin embargo, hace mucho que se viene manfiestando la afinidad de este conjunto de ocho facultades con el PP. Antes de Suárez, el rector Pedro González Trevijano estuvo al frente de la universidad desde 2002 a 2013, hasta que se convirtió en magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy.
La red de familiares y amigos de populares que aterrizaron en la universidad en aquel periodo es extensa. El Confidencial documentó en 2014 más de un centenar de casos: destacaban Isabel Ruiz-Gallardón García de la Rasilla (prima del expresidente madrileño y exministro Alberto Ruiz-Gallardón), la citada hermana de Cifuentes, María del Mar Alarcón (cuñada de Francisco Granados, ex número dos de la región y principal acusado en la Púnica) o Isabel Mayor Bastida (sobrina del exministro Jaime Mayor Oreja).
El mismo diario explicaba que el hermano de éste último, Carlos Mayor Oreja, exconsejero de Educación con Aguirre, colocó a su jefa de Gabinete durante su etapa en el Ejecutivo autonómico, Consuelo López Vila, como jefa de Gabinete del entonces rector González-Trevijano.
A su vez, el exrector fichó a Ricardo Martí Fluxá, secretario de Estado de Seguridad en el primer Gobierno de José María Aznar, como presidente del Consejo Social de la URJC, “granjeándose, de paso, el favor de la Casa del Rey, ya que Martí Fluxá había sido anteriormente jefe de Protocolo de la Zarzuela”, explicaba este medio.
También se menciona cómo Alfonso de Esteban, exdecano de la Facultad de Comunicación de la URJC que pasó a ser miembro de la Junta Electoral Central del PP, dejó la universidad no sin antes “colocar” en la institución a su hijo y la pareja de éste.
La red de connivencias con las filas populares y el poder en la Comunidad de Madrid alcanza a muchos más nombres, desde familiares de Trevijano hasta miembros de la universidad que simultanean cargos en el PP o en la administración regional, en manos del PP desde hace 23 años.
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