“El objetivo fundamental del Gobierno progresista es luchar contra la desigualdad. Desde los cinco ministerios de los que formamos parte trabajamos por ello cada día”, afirman las ministras y los ministros de Sumar, que advierten de que “es por la vivienda por donde se rompe mucho de lo que cosemos con otros avances”.
Según sostienen, “la transformación de la vivienda en un activo financiero ha roto su función fundamental y ha violentado los principios de nuestra Constitución, de forma muy especial el artículo 47”. “En los 50 años de nuestra democracia, ninguno de los dos grandes partidos ha sido capaz de abordar la vivienda en unos términos que permitieran evitar este escenario”, lamentan, antes de recordar las burbujas inmobiliarias que han sufrido el mercado.
Política de “regalos fiscales”
Para el socio minoritario del Ejecutivo, “la política seguida hasta ahora, una vez más esta misma semana, es la de los regalos fiscales”. “Una política ineficaz y profundamente injusta, que le da derechos solo a la parte propietaria y deja desamparada la inquilina”. En su opinión, con las nuevas iniciativas avanzadas por el presidente del Gobierno, “el PSOE reconoce la necesidad de tomar medidas, pero se equivoca profundamente en la solución que plantea”. “Esta política es un error profundo y no vamos a aceptarla”, advierten desde Sumar.
Además de censurar la “alianza” entre los gobiernos autonómicos del PP y “la especulación inmobiliaria”, critican que la ley de vivienda “no se está cumpliendo y los precios siguen subiendo”. Una situación ante la que ponen sobre la mesa “algunas herramientas imprescindibles y de aplicación inmediata”.
Prorrogar alquileres, fin a la especulación y más fiscalidad a grandes tenedores
Yolanda Díaz y el resto de ministras y ministros de Sumar abogan por prorrogar los contratos de alquiler que se firmaron durante la pandemia y “que están empezando a vencer ya”. Según informes del Ministerio de Consumo y Agenda 2030, este 2026 “se verán amenazados 600.000 contratos” y en 2027 las subidas de los precios afectarán a hasta 2,7 millones de personas.
“Prorrogar estos contratos, como hicimos con los que vencían en pandemia y al comienzo de la invasión rusa de Ucrania, es un freno de seguridad”, defienden, y “una medida constitucional para detener las subidas y dar un respiro a cientos de miles de familias”.
La segunda medida pasa por “poner fin” a la compra y tenencia de viviendas “con fines especulativos”. “Los grandes fondos de inversión están adquiriendo cientos de miles de casas no para que vivan familias, sino para especular con los precios”, denuncian.
Por último, reclaman reforzar la fiscalidad de los grandes tenedores de vivienda y aumentar la inversión en vivienda pública de alquiler asequible permanente hasta el 1% del PIB anual “para acercar nuestro parque público a la media europea”.
“El Gobierno progresista tiene sentido cuando sirve para luchar contra la desigualdad, cuando tiene la vocación de mejorar la vida de la gente en nuestro país. Ese es nuestro compromiso y por eso vamos a seguir trabajando”, aseguran Díaz, Urtasun, García, Bustinduy y Rego en la citada tribuna.
