Los «litigios climáticos» se duplican en cuatro años

Una «marea de litigios climáticos» está obligando a los gobiernos y a los actores corporativos a «perseguir objetivos más ambiciosos de mitigación y adaptación al cambio climático», destaca el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), cuyo último informe refleja que se han duplicado los litigios climáticos en los últimos años.

En este sentido, el documento del PNUMA concluye que «cada vez más personas, incluidos niños y comunidades indígenas, recurren a los tribunales para obligar a los gobiernos y a las empresas a respetar y acelerar los compromisos sobre el cambio climático».

Así, los últimos cuatro años han aumentado este tipo de casos, y actualmente asciende a 1.550 en 38 países –unos 1.200 en Estados Unidos y 350 en los demás–.

El último informe que analizaba estos datos de la ONU recogió 884 casos en unos 24 países, la mitad de litigios climáticos. Por otra parte, desde 2017 han aumentado los casos relacionados con el cambio climático en el sur global, en naciones como Brasil, Colombia, Indonesia, Pakistán y Sudáfrica.

La mayoría de las acciones legales se han iniciado contra los gobiernos, incluidas las autoridades nacionales y locales, señala el PNUMA. Sin embargo, las empresas también están siendo demandadas por no incorporar el cambio climático en su toma de decisiones y por no revelar los riesgos relacionados con el clima a sus accionistas.

Además, cada vez más demandas se basan en leyes nacionales e internacionales existentes que garantizan a los ciudadanos el derecho fundamental a un medio ambiente saludable.

Con este marco legislativo, se obliga a las compañías petroleras a mantener los combustibles fósiles en el suelo, se responsabiliza a las empresas por la contaminación y se obliga a los gobiernos a promulgar políticas relacionadas con el clima.

Uno de estos ejemplos es el caso de Urgenda, en el que el Tribunal Supremo de Países Bajos señaló que el Convenio Europeo de Derechos Humanos obligaba al estado a proteger el derecho a la vida de sus ciudadanos. El tribunal dictaminó que esta obligación requería que el Gobierno tomara medidas para reducir las emisiones de carbono y limitar el calentamiento global.

Aunque hasta el momento ningún tribunal ha ordenado a un acusado que pague daños por contribuir a la crisis climática, el informe del PNMA advierte de que las empresas estatales y del sector privado se arriesgan a tener una responsabilidad significativa por ignorar los efectos del calentamiento global en sus operaciones.

Otro de los objetivos de algunos de estos «casos climáticos» es «poner fin al ‘Greenwashing’, la práctica de hacer afirmaciones infladas de sostenibilidad para distraerse de un expediente ambiental cuestionable».

Por último, el documento también destaca el papel que los niños y jóvenes y las minorías están jugando en la lucha contra la crisis climática en los juzgados.

«Los niños y los jóvenes exigen un clima seguro y están forzando un cambio positivo, lo que ayuda a demostrar que el cambio climático está a la vanguardia de un movimiento global de derechos ambientales», ha resaltado la directora ejecutiva del PNMA, Inger Andersen.

A su vez, Andersen ha concluido que «los poderes judiciales de todo el mundo están desempeñando cada vez más un papel fundamental en la lucha contra la crisis climática».

En los próximos años, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente espera que aumenten los litigios climáticos en los organismos nacionales e internacionales, especialmente con respecto a las empresas que informan erróneamente de los riesgos climáticos, los gobiernos que no se adaptan a los fenómenos climáticos extremos y los casos presentados para hacer cumplir decisiones judiciales anteriores.

«Los tribunales pueden igualar los desequilibrios de poder en la sociedad y dar fuerza al estado de derecho», ha subrayado el director ejecutivo del Centro Sabin –que ha participado en la elaboración del informe– para el Cambio Climático de la Facultad de Derecho de Columbia, Michael Burger.

«El litigio climático es una palanca clave para mantener a los gobiernos y corporaciones enfocados en la lucha para combatir el cambio climático, y es una herramienta poderosa para hacerlos responsables de su incumplimiento», explica.

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