Los líderes europeos pactan un fondo de recuperación de 750.000 millones financiado con deuda conjunta

Rutte, Merkel, Von der Leyen, Macron y Michel en Bruselas
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Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea han alcanzado este martes un acuerdo para crear un fondo de recuperación de 750.000 millones con el que relanzar las economías del bloque comunitario, especialmente las de los países más golpeados por la pandemia de Covid-19 como España e Italia.

«¡Acuerdo!», ha anunciado en redes sociales el presidente del Consejo europeo, Charles Michel, poco después de las 5.30 horas del martes.

Tras cuatro días de intensas negociaciones, el fondo preserva los 750.000 millones iniciales, aunque se recorta la parte que se distribuirá a los países en forma de subvenciones a fondo perdido: así, las transferencias se quedarán en 390.000 millones de euros, 110.000 millones menos que los que recogía la primera propuesta que llegó a la mesa de los líderes. El resto del fondo, 360.000 millones de euros, llegará a los Estados miembros en forma de préstamos que tendrán que devolver.

Casi un tercio del dinero se destinará a la lucha contra el cambio climático, lo que constituirá el mayor paquete de estímulo ecológico de la historia. De hecho, todos los gastos deben ser coherentes con el objetivo del Acuerdo de París de reducir los gases de efecto invernadero.

Italia será el mayor beneficiario del plan. Según publica Bloomberg, espera recibir unos 82.000 millones de euros en subvenciones y unos 127.000 millones de euros en préstamos. España, por su parte, calcula que recibirá 140.000 millones en total, de los cuales 72.700 millones serán transferencias. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que está “satisfecho al 95%” con el acuerdo.

Una de las victorias que se han apuntado los denominados países frugales es el aumento de sus ‘cheques’ de descuento del que se benefician los mayores contribuyentes al presupuesto de la UE. En concreto, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Austria y Alemania verán reducidas sus aportaciones durante todo el periodo en 53.000 millones que tendrán que completar el resto de Estados miembros. El presupuesto de la UE de siete años tiene un alcance de un billón de euros.

Países Bajos también ha conseguido introducir una mayor supervisión de las ayudas, aunque no tendrá una capacidad real de veto si considera que las reformas que ha planteado un país concreto para recibir fondos no son las adecuadas.

El acuerdo final establece que los planes nacionales de reformas serán aprobados con mayoría cualificada entre los Veintisiete y los desembolsos posteriores dependerán del cumplimiento de una serie de objetivos preestablecidos. La Comisión Europea evaluará si se han cumplido estos objetivos, aunque excepcionalmente uno o más socios que tengan dudas de su análisis podrán pedir que debata antes a nivel de líderes.

Recortes en los programas europeos

La mayor parte del fondo de recuperación irá dirigido a los gobiernos europeos para apuntalar sus economías, pero el resto se utilizará para reforzar el presupuesto de distintos programas europeos. Estas dotaciones, no obstante, han sido objeto de importantes reducciones en las negociaciones para poder ampliar las ayudas a los países.

Uno de los programas más perjudicados es el Fondo para la Transición Justa, pieza clave en el llamado Pacto Verde Europeo puesto que canalizará dinero para regiones muy dependientes del carbón. Su dotación con cargo al fondo de recuperación se reduce a 10.000 millones de euros desde los 30.000 millones previstos inicialmente.

El presupuesto adicional para Desarrollo Rural pierde la mitad de su tamaño original y se reduce hasta 7.500 millones, el programa europeo de I+D (Horizonte) sólo se beneficiaría de 5.000 millones del fondo de recuperación (frente 13.500 millones que pedía Bruselas) y el programa comunitario de inversiones (InvesEU) recibirá 5.600 millones de este plan.

Además, desaparece el fondo para incentivar inversiones privadas en empresas a través del BEI, que contaba con un presupuesto de 26.000 millones y buscaba solventar el escaso margen fiscal de algunos países como España para recapitalizar su tejido productivo.