«Hemos visto una convergencia cada vez mayor sobre este tema tan importante», ha expresado el presidente del Consejo europeo, Cherles Michel, en una rueda de prensa tras la videoconferencia en la que los líderes europeos han «debatido mucho» sobre este asunto.
La puesta en marcha de un certificado de vacunación ha sido defendida principalmente por los países del Sur del bloque, cuyas economías dependen en gran medida del turismo, como España o Grecia.
Según ha señalado el exprimer ministro belga, los jefes de Estado y de Gobierno han «avanzado» hacia una mayor «convergencia», pero ha señalado que también hay sobre la mesa «preocupaciones» sobre el uso que se le dará y que son «muy legítimas».
En una línea similar, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha explicado que todavía hay «cuestiones abiertas» de carácter político sobre la medida, y «la primera, por supuesto, es para qué se usará». A éstas hay que sumar una serie de incertidumbres «científicas», entre ellas si las vacunas sirven efectivamente para detener la transmisión del virus.
En todo caso, la alemana ha afirmado que desarrollar los aspectos técnicos de la herramienta llevará «al menos» tres meses y requiere trabajo tanto por parte del Ejecutivo comunitario como de los Estados miembros, a quienes ha instado a progresar rápido para que pueda ser operativo en verano.
Más allá del uso que se haga del certificado, Von der Leyen ha explicado que constará de un conjunto «mínimo» de datos, como por ejemplo si la persona ha sido vacunada, si tiene anticuerpos o si ha obtenido un resultado negativo en una prueba PCR realizada recientemente.
