La Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha lanzado una alerta: el PP está maniobrando, de manera “poco sutil”, para “aumentar las posibilidades de injerencia” del Poder Ejecutivo en la Justicia. La denuncia presentada por la asociación moderada de jueces viene a raíz de las 50 enmiendas que los populares han presentado a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En concreto, según han señalado, las iniciativas del Grupo Parlamentario Popular están pretendiendo “saltar por encima” los acuerdos adoptados en juntas de jueces y Sala de Gobierno. Por ejemplo, en materia de digitalización, documentación y dirección procesal. Todo “bajo la excusa” de la devolución de los permisos a los jueces y magistrados o la equiparación de las medias sociales al resto de funcionarios.
Asimismo, los magistrados conservadores han destacado que también hay enmiendas donde
se propone que el plazo de tramitación de los expedientes disciplinarios frente a los jueces se haga “sin justificación alguna y con la única finalidad de empeorar las condiciones profesionales de los jueces”. Algo que, a su entender, “desapodera gravemente” al CGPJ.
Según ha recogido Europa Press, otra de las iniciativas del PP pretende atribuir a los Letrados de la Administración de Justicia -anteriormente denominados secretarios judiciales- un “incremento exorbitado de competencias”-, ya que se prevé que reciban instrucciones directas de sus superiores jerárquicos y puedan decidir de “manera exclusiva” cuestiones relativas a la documentación del proceso.
“El legislativo pretende desoír lo establecido por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 23 de marzo de 2016, que, claramente, estableció que no podía haber espacios de inmunidad frente al control judicial”, han señalado desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Por su parte, también han rechazado que se atribuya al Ministerio de Justicia la decisión de fijar la plantilla de los órganos judiciales, excluyendo al CGPJ.
Por ello, la asociación ha reprochado que desde hace un tiempo se está viendo al órgano de gobierno de los jueces como una “Dirección General del Ministerio de Justicia”, que ha ido “perdiendo competencias” y que desembocará a su desaparición de forma “muy sencilla e inapreciable”.
