La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) considera que el aplazamiento de este conflicto hasta que finalicen las elecciones generales y se conforme nuevo Gobierno se hace “por responsabilidad”.
CSIF, junto a las demás organizaciones convocantes de la huelga, lamenta la falta de intención para cumplir lo acordado por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública: “Se ha jugado con la Inspección de Trabajo, utilizada con fines partidistas. No podemos permitirlo, y todo ello en defensa de los intereses de los ciudadanos y de los propios trabajadores de la Inspección”, han denunciado a través de un comunicado, recoge Europa Press.
Los inspectores iniciaron hace meses un calendario de movilizaciones ante el incumplimiento por parte del Gobierno de los acuerdos en materia de personal (falta de medios, refuerzo de plantillas, carrera profesional) firmados en julio de 2021.
“Sin embargo, las carencias de personal y de medios continúan dos años después y se traducen en el aumento de la carga de trabajo que soporta la Inspección, la falta de desarrollo de la carrera profesional, de reconocimiento de las funciones desarrolladas y de una relación de puestos de trabajo obsoleta e injusta”, denuncian.
La Inspección de Trabajo anunció hace diez días que paralizaba la actividad supervisora de varias campañas activadas en esta legislatura –como de igualdad entre hombres y mujeres, control de tiempo de trabajo, de registro de jornada, de condiciones salariales y de riesgos asociados a la actividad agraria, entre otros– en protesta por esa escasez de plantilla y de recursos técnicos y materiales.
En la actualidad hay unos 2.200 trabajadores de inspección activa y otros 800 de personal de apoyo; es decir, la Inspección de Trabajo recae sobre una plantilla de 3.000 personas mientras que hay más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas.
