La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda María Jesús Montero
Así lo han manifestado en un informe presentado en la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), donde han abundado que también implicaría la “desaparición” de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que quedaría “troceada” y “repartida” entre todas las regiones, según Europa Press.
Se romperían, bajo su punto de vista, algunos principios “básicos” de la Hacienda española, como que el sistema de información ha de ser único, que debe existir una caja única y que la gestión de las retenciones se ha de hacer de forma “integrada”, han argumentado.
En concreto, la gestión del 100 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) prevista para 2026 resultaría “imposible” porque, bajo su punto de vista, no es “realista”, ya que no se podría conciliar la información de una base de datos nacional y otra catalana. Con ello, la “rapidez” a la hora de realizar las devoluciones en las declaraciones de la renta caería de forma drástica.
“Resultaría imposible enviar a los contribuyentes los datos fiscales, puesto que la información estaría en dos bases de datos diferentes. También se verían afectados los cruces de información para detectar riesgos fiscales”, han añadido al respecto.
Aunque han evitado dar cifras de lo que dejarían de ingresar las arcas públicas, sí han expuesto que, en base a los últimos datos disponibles, que se remontan a 2022, los impuestos catalanes suponen el 19,35 % del total nacional. Ese año, el Estado recaudó 255.463 millones de euros, de los que 49.434 provenían de Cataluña.
El pacto tendría “consecuencias” en la lucha contra el fraude fiscal, también por la diseminación de los datos al separar la hacienda española y la catalana. “Una información fraccionada en dos bases de datos no puede producir los resultados actuales en la lucha contra el fraude”, han incidido.
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