Para los sindicatos de inquilinos, se trata de una medida positiva, pero es “insuficiente” después de un año de subidas “récord” de los alquileres (+12% en los últimos meses) y del incremento de los precios en general.
Asimismo, piden que esta medida incluya “elementos sancionadores” para ser efectiva, ya que la mayor parte de los caseros “se intenta saltar el tope”.
La segunda medida aprobada por el Gobierno en materia de alquiler supone la obligación de prorrogar los contratos que expiran seis meses más y al mismo precio, si a la finalización del contrato arrendador e inquilino no se ponen de acuerdo en el precio del nuevo contrato.
Esta medida, que estará vigente hasta el 30 de junio del 2023, busca proteger a los inquilinos frente a las subidas de alquiler “abusivas” durante las renovaciones de contrato o a la negativa de los arrendadores de renovar los contratos y expulsar a los inquilinos, según han asegurado los sindicatos de inquilinos.
“Aunque sea positiva para proteger a los hogares frente a no renovaciones de contratos o subidas de alquiler excesivas, postergar el problema durante seis meses es totalmente insuficiente”, han lamentado, recoge Europa Press.
Para estos sindicatos, con este nuevo decreto, el Gobierno está reconociendo “la necesidad, la utilidad y la urgencia” de regular el precio de los alquileres de forma generalizada para todos los inquilinos, aunque lo hace con medidas “insuficientes y torpes”. “Ambas medidas son extremadamente tímidas para abordar un problema coyuntural como es la inflación”, han subrayado.
