Proyecto Castor
La plataforma ciudadana que presentó una querella criminal por posibles delitos de prevaricación, fraude y malversación por el almacén de gas Castor a exministros y promotores de este proyecto prepara una proposición de ley para evitar que el Estado asuma las indemnizaciones.
La iniciativa llega tras la sentencia esta semana del Supremo que obliga al Estado a pagar 1.350 millones de euros al Banco Santander, CaixaBank y Bankia, entidades que en su día adelantaron el dinero de la indemnización a Escal-UGS, entidad concesionaria del proyecto participada mayoritariamente por ACS (66,7%).
Ahora, recoge Europa Press, esta plataforma en la que forman parte asociaciones como Xnet, 15MpaRato, el Observatori del Deute en la Globalització o el Institut de Drets Humans de Catalunya prepara una proposición de ley para llevar al Congreso y asegurar que el Estado no asume esta indemnización.
Esta plataforma presentó una querella criminal, archivada por la Audiencia Nacional en 2018, contra los exministros socialistas Joan Clos, Miguel Sebastián, Elena Espinosa, Magdalena Álvarez, y el ‘popular’ José Manuel Soria, así como contra el presidente de ACS, Florentino Pérez, por posibles delitos de prevaricación, fraude a la Administración y malversación de caudales públicos.
Con la iniciativa, esta plataforma busca que sea Escal-UGS la que devuelva a las entidades financieras este dinero, y que Enagás, la empresa encargada de recolocar la deuda, perdone los intereses, daños y perjuicios, a través de un acuerdo entre las partes.
Asimismo, la plataforma busca impulsar una comisión parlamentaria para revisar las partidas presupuestarias y el informe técnico completo del proyecto, así como el desarrollo por parte del Gobierno de una ley para asegurar que el coste del desmantelamiento no recaiga, ni directa ni indirectamente, en el contribuyente.
Para poder llevar a las Cortes la iniciativa, la plataforma tendrá que llegar a un acuerdo con una formación que canalice esta proposición de ley, o bien iniciar los trámites para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), para la que son necesarias medio millón de firmas.
Sin embargo, desde Compromís han informado a la mencionada agencia que han entablado contactos para registrar en el Congreso esta iniciativa. Esta formación impulsó la creación de una comisión de investigación por este caso en esta legislatura -en la anterior se aprobó, sin que se llegara a constituir antes de la disolución de las Corte–, pero fue excluida del cauce parlamentario por rechazo del PSOE, el PP y Vox.
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