La quiebra de las autopistas de peaje amenaza con pasar una elevada factura a la Administración española. Hedge funds que compraron la deuda de los bancos han advertido al Gobierno español que están preparados para una larga batalla en los tribunales para cobrar lo que consideran les corresponde en concepto de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), una factura que cifran en 4.500 millones de euros, según recoge hoy Financial Times. “Si es necesario esperaremos un trillón de años hasta que logremos lo que se nos debe” advierte Manuel Martínez-Fidalgo, director de Houlihan Lokey, representante de estos fondos, entre los que figuran King Street, Taconic, Strategic Value Partners y Attestor Capital que lideran a otros acreedores como Goldman Sachs y Deutsche Bank.
La batalla se centra en nueve autopistas de peaje que se construyeron justo antes de la crisis y que no cumplieron con las estimaciones de tráfico que habían sido proyectadas para su construcción. Todas ellas quebraron con la mayoría de su deuda en manos de hedge funds.
El Gobierno español se encargará de la gestión de estas carreteras a partir de enero con la intención de volver a sacarlas a concurso público, pero para ello, según señala Financial Times, debe pagar la factura a estos fondos. Sin embargo, el Ejecutivo español calcula que la deuda se eleva a 2.000 millones de euros, menos de la mitad de lo que reclaman los acreedores.
El representante de los fondos asegura que están dispuestos a llevar a España los tribunales nacionales e internacionales si no se llega a un acuerdo entre las partes. Asimismo, Martínez-Fidalgo acusa al Gobierno español de retrasar deliberadamente un acuerdo para postergar todo lo posible el conflicto interno que supondría anunciar el pago y, como consecuencia, el aumento de la deuda nacional. “Este es el tipo de comportamiento que esperabas de Argentina o Venezuela, no de España”, asegura el portavoz de los fondos.
Fuentes del Ministerio niegan esta estrategia y, en declaraciones a Financial Times, afirman que la demora se debe a la normativa, que garantiza el respeto a los derechos de todas las partes. Asimismo, explican que el Gobierno ha mantenido contactos con los fondos, que poseen la mayor parte de los 3.700 millones de euros de deuda, “con el objetivo de, si es posible, reducir el costo que el RPA podría tener para los ciudadanos”.
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