Coche de la Guardia Civil
Los guardias civiles se sienten ninguneados por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. La AUGC, asociación mayoritaria en el cuerpo, ha denunciado que el titular de esta cartera no ha atendido todavía su solicitud para celebrar una reunión, pero sí se haya visto con representantes del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Pero Zoido no es el único.
El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, también ha rechazado un encuentro con la AUGC, afirma esta asociación de guardias civiles en un comunicado en su web en el que critica que los dos máximos responsables del Ministerio del Interior “mantienen una interlocución fluida con los sindicatos policiales”, pero no con los guardias civiles. Esto pone de manifiesto “una nueva muestra del trato de segunda que se ofrece a los trabajadores de la Guardia Civil” por “el hecho diferencial que supone contar con sindicatos profesionales en la Policía Nacional frente a las asociaciones profesionales en la Guardia Civil”.
Para la AUCG “resulta evidente que la fuerza que proporciona el derecho a la sindicación se traduce en un dialogo efectivo y avances en derechos que mejoran las condiciones profesionales, sociales y económicas de los policías”. A pesar de ello, “el empecinamiento en negar el derecho limitado de sindicación a los guardias civiles los convierte en ciudadanos de segunda y relega al vagón de cola de la seguridad pública en España”.
Esta asociación insiste en la necesidad de que haya sindicatos en el cuerpo, ya que “se trata de un derecho que está solicitado ante los tribunales de justicia y por el que nuestra organización no dudará en acudir a las más altas instancias judiciales europeas”. Es más, recuerda que en Europa “existen sindicatos profesionales no sólo en cuerpos policiales, sino incluso en el Ejército, sin que ello suponga merma alguna en el mantenimiento de sus obligaciones y compromisos”.
La ausencia del derecho de sindicación, insiste la AUGC, evidencia “que a día de hoy los guardias civiles continúan siendo ciudadanos de segunda, profesionales que velan por el cumplimiento de los derechos de sus vecinos mientras que carecen precisamente de muchos de esos derechos”.
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