La Abogacía del Estado presentó este viernes sus conclusiones provisionales en la causa que se sigue en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra los líderes del ‘procés’ independentista catalán. En su escrito, el Servicio Jurídico del Estado aprecia los delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia grave, pero no de rebelión, como sí hace la Fiscalía.
Este ha sido, si es que lo es, el penúltimo intento del Gobierno de Pedro Sánchez por intentar destensar las relaciones entre el Estado y la Generalitat de Cataluña. El último, la retirada de los recursos contra la ley catalana sobre emergencia habitacional.
El Consejo de Ministros del viernes autorizó solicitar al presidente del Gobierno la retirada de los recursos que había planteado el anterior Gobierno ante el Tribunal Constitucional contra las leyes 24/2015 y 4/2016 sobre emergencia habitacional, aprobadas por el Parlament de Cataluña.
Los desistimientos son fruto de un acuerdo interpretativo alcanzado entre el Gobierno y la Generalitat y cerrado después de varias semanas de trabajo de los equipos jurídicos del Gobierno y el Govern de Cataluña. La pasada semana, la Generalitat aceptó la propuesta del Gobierno de que estos desistimientos fueran parciales.
Con la retirada de estas impugnaciones, se podrán mantener, de acuerdo con la doctrina que establece el Tribunal Constitucional, la propuesta de alquiler social por parte de los bancos a la persona que cumpliendo determinados requisitos va a ser desahuciada de su casa, la expropiación de uso temporal de viviendas vacías propiedad de bancos o grandes corporaciones y cesión obligatoria de uso de las mismas viviendas y la obligación de realojo en determinados supuestos de personas o unidades familiares en riesgo de exclusión residencial.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya dio marcha atrás hace varias semanas a un recurso de inconstitucionalidad de Mariano Rajoy contra otra ley catalana. En este caso, el Consejo de Ministros socialista retiró el recurso contra de la Ley de universalización de la asistencia sanitaria (Ley 9/2017) aprobada en el Parlament.
La relación entre Madrid y Barcelona se gesta ahora en un clima relativamente habitable. Sin bien no llega a ser una amistad, Pedro Sánchez y Quím Torra consiguieron en julio trasladar a extraordinario un acto ordinario. El presidente del Gobierno y el presidente de la comunidad autónoma de Cataluña, dialogando en un mismo espacio.
Pedro Sánchez y Quim Torra se reunieron durante dos horas en el Palacio de La Moncloa. Fue un acto institucional lleno de “fluidez” (según la vicepresidenta, Carmen Calvo) que sirvió para reactivar la Comisión Bilateral Estado-Generalitat prevista en el Estatuto catalán y que ha estado sin reunirse desde la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero en la Presidencia del Gobierno.
El mandato de Pedro Sánchez comenzó hace cinco meses. En su primer día en la oficina, el presidente levantó el control financiero sobre la Generalitat de Cataluña. Una medida “de normalización” (según la portavoz, Isabel Celaá) que, sin embargo, era una obligación al haber retirado el artículo 155 de la Constitución.
Por último, el Ejecutivo anunció hace unos días su voluntad de revertir el decreto que aprobó Rajoy que facilita el traslado de empresas de Cataluña. “El Gobierno ha llegado para ayudar a Catalunya, también económicamente”, explicó la vicepresidenta Carmen Calvo en una entrevista en Rac 1.
