Una denuncia, explican en un comunicado firmado por CSIF, CCOO, UGT y STAJ, por “vulneración del derecho fundamental de libertad sindical y por incumplimiento del deber establecido en el artículo 8.2 del Decreto 17/77 de 4 de marzo de relaciones laborales (comúnmente conocido como ‘decreto de huelga’) de convocar al comité de huelga durante su desarrollo. Según creen, “la actitud antisindical de estos responsables políticos raya en la prevaricación”.
Sin embargo, afirman que como “demostración” de su “voluntad” de negociar una solución acordada al conflicto en Justicia, este jueves se ha presentado un escrito a la ministra en el que se exige la convocatoria inmediata del comité de huelga.
Asimismo, van a enviar un escrito al secretario general, a los secretarios de Gobierno y a los secretarios coordinadores advirtiendo de que “no se va a aceptar ninguna presión para que un/a funcionario/a realice funciones que no están recogidas en la ley mientras que no se retribuyan adecuadamente y para que no se realice sin su presencia ninguna actuación que tenga que ser firmada por el/la LAJ (Letrado de la Administración de Justicia)”. De conocerse “alguna presión” sobre esta cuestión, avisan de que se denunciará en la instancia correspondiente.
Junto a esto, los sindicatos detallan que también “se va a extender el reparto de la guía de funciones” para colocarla detrás de cada pantalla del ordenador, con la que explicar a la ciudadanía “las razones que llevan a no realizar un acto procesal sin la presencia del letrado/a o del juez/a tal y como exige la ley con independencia de que la costumbre anterior fuera que se hicieran sin su presencia”.
“Y todo”, continúan, “mientras no se reconozca el valor de la actuación de los cuerpos generales y especiales en la tramitación eficaz y eficiente de los procedimientos judiciales”.
Por otro lado, y tras admitir que una huelga conlleva un “perjuicio notable para los ciudadanos/as y para los profesionales”, anuncian que se va a contactar con los Colegios de Abogados, Procuradores y Graduados Sociales de cada ámbito territorial para exponerles la “ausencia de voluntad” de negociación del ministerio y acordar la publicación de una declaración exigiéndole al departamento de Llop “diálogo y negociación” para solucionar el conflicto.