La familia Franco ha solicitado al Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que se posponga la fecha del 10 de diciembre fijada para la entrega del Pazo de Meirás, así como “al menos dos meses” para retirar los bienes desde que finalice el inventario.
Lo han hecho en un escrito remitido al juzgado en relación a la decisión de su titular de proceder a la ejecución provisional de la sentencia por la que se les condenó a la devolución del pazo, una medida a la que los Franco avanzaron que no se opondrían, de forma “provisional” y a la espera de que se resuelva su recurso ante la Audiencia Provincial de A Coruña.
Ahora, recoge Europa Press, su representación legal sostiene que los familiares del dictador se ven “obligados a entregar un inmueble de considerables dimensiones y en cuyo interior hay una gran cantidad de ‘cosas’ (bienes muebles)” que, recuerda, no figuraban en la sentencia.
Así, inciden en que el fallo, tras la demanda interpuesta por la Abogacía del Estado, “se circunscribió a las fincas o inmuebles reivindicados”. “Sin hacerse extensiva ni incluir ninguna suerte de referencia a las cosas o bienes muebles que hubiese -y hay- en su interior”.
Además de calificar la fecha del 10 de diciembre como un plazo “notoriamente exiguo”, reclaman dejar sin efecto la misma después de que el juzgado adoptase unas medidas cautelares para proceder al inventario de los bienes. En ellas, se impide a los Franco sacar bienes hasta que el juzgado lo autorice.
Tras la visita hecha por la comitiva judicial, los técnicos de Patrimonio y los letrados al inmueble el pasado 11 de noviembre, el juzgado acordó también dar un plazo de 20 días naturales, ampliable, para efectuar el inventario con el material de imágenes y vídeos recabado.
