Los fondos buitre no se conforman con los 2.000 millones del rescate de las autopistas e irán a juicio

Los 2.000 millones de euros que el Gobierno ha presupuestado para el ‘rescate’ de las nueve autopistas de peaje quebradas no les parecen suficientes a la banca acreedora -los fondos buitre que actualmente ostentan la mayor parte de la deuda- ya que quieran “cobrar lo máximo” por lo que irán a juicio.

Eso es por lo menos lo que adelanta elindependiente.com que afirma que estos fondos plantearán “un contencioso-administrativo y una cantidad final a pagar -por todos los españoles- que se dirimirá en los tribunales”.

Destaca el digital que dirige Casimiro García-Abadillo que el Ejecutivo “reservó el pasado lunes ‘más’ de 2.000 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) prorrogados para el ejercicio 2018, según la documentación del plan presupuestario enviada a Bruselas. Una cantidad que irá a pagar el rescate de las nueve autopistas de peaje quebradas y que el Estado reserva para hacer frente a la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) que Fomento firmó en su día con las constructoras encargadas de levantar y explotar esas carreteras de pago y, sobre todo, con la banca acreedora”.

Recuerda que “la banca acreedora son los fondos buitre: entidades extranjeras como Natixis, BNP, Société Générale, ING Royal Bank of Scotland o Bank of Tokio han vendido en los últimos dos años la deuda de los peajes en bancarrota a fondos de capital riesgo menos conocidos”. Y que “ahí están los fondos TCI, King Street, Taconic, SVP, Blue Montain, Neuberger, etcétera: todos adquirieron deuda de las carreteras quebradas con agresivas quitas -de hasta el 90% en algunos casos- “señalando que “todos quieren cobrar lo máximo posible. Cuanto antes”.

Asegura este medio online que según fuentes del proceso concursal, los fondos buitre rechazan el rescate de 2.000 millones que el Gobierno ha notificado a Bruselas, recordando estas fuentes que “Fomento y los acreedores ya anduvieron negociando intensamente liquidar la deuda pactando una cantidad. Y nunca hubo nada parecido a un acuerdo. Por eso varios apuntan a que en lugar de pacto lo que habrá será un contencioso-administrativo y una cantidad final a pagar -por todos los españoles- que se dirimirá en los tribunales.

A esa demanda segura se adherirían –según elindependiente.es- las concesionarias, esto es, las constructoras afectadas por la bancarrota: Abertis, ACS, Ferrovial, OHL, Sacyr, Isolux, Globalvía y otras firmas potentes conocidas. Recordando que las autopistas en cuestión son las radiales de Madrid R-2 (la única sin RPA), R-3, R-4 y R-5, la AP-36, la AP-41, la M-12 Eje Aeropuerto de Barajas, la Circunvalación de Alicante Ciralsa y el tramo de peaje Cartagena-Vera, infraestructuras que entraron en cascada en concurso de acreedores a partir de 2012.

El mencionado digital dice que la reclamación de los fondos estadounidenses “tiene sentido”, ya que el 10 de octubre el Tribunal de Cuentas estimó en su informe de fiscalización de la Cuenta General del Estado de del ejercicio 2015 que “el riesgo máximo” para el Estado con relación al rescate de las autopistas en quiebra era de 3.718 millones de euros. Con lo que la diferencia entre lo que el Estado propone a la Comisión Europea y el informe del tribunal fiscalizador -que denuncia la falta de transparencia del Gobierno sobre la futura RPA a pagar- es de más de 1.700 millones de euros.

Y subraya elindependiente.com que “los cálculos de la patronal de la construcción Seopan, que representa a las concesionarias, son aún mayores: según Seopan, a 31 de diciembre de 2016, la RPA ascendía a 4.032 millones de euros, a lo que habría que añadir 625 millones por instrumentos financieros que al extinguirse las sociedades no podrían recuperarse y 1.000 millones por expropiaciones. En total, más de 5.600 millones, una cantidad que Fomento rechaza.

Acceda a la versión completa del contenido