Ruiz-Huerta ha explicado que, en la medida que las comunidades autónomas tienen un problema de competencia a la baja, los expertos entienden que hay que evitar el «vaciamiento» y la «desaparición» de estos impuestos, por lo que han recomendado al Gobierno estudiar el establecimiento de límites mínimos de gravamen efectivo, al tiempo que se mantiene la autonomía y la competencia normativa.
En el último capítulo del Libro Blanco se analizan los principales impuestos patrimoniales, así como la conveniencia y necesidad de ordenar el ejercicio de determinadas competencias relativas a los impuestos personales sobre la riqueza, cuya regulación ha sido en parte cedida a las comunidades autónomas de régimen común y se proponen posibles reformas en este ámbito.
En relación con los fundamentos económicos y jurídicos de estos impuestos, los expertos han recordado que en España, al igual que en otros países del entorno, la desigualdad de riqueza es más amplia que la de la renta. Además, han apuntado que la brecha entre los extremos se ha hecho más profunda desde los años de la crisis financiera, de manera que una proporción relevante y creciente de la riqueza se concentra en especial en la parte más alta de la distribución.
Entrando en detalle, sobre el Impuesto de Patrimonio, el comité recomienda su mantenimiento. Además se propone el mantenimiento del límite conjunto IRPF-Impuesto de Patrimonio, con una posible elevación del impuesto mínimo a pagar. En cuanto al mínimo exento, se considera conveniente establecerlo en un millón de euros, para procurar concentrar la tributación en la parte alta de la distribución de la riqueza. Por último, el comité aboga por una reducción de la tarifa, manteniendo en todo caso su carácter progresivo.
En lo que se refiere a la necesaria reforma del impuesto sobre sucesiones y donaciones, entre otras propuestas para ampliar la base imponible, el comité propone mantener la reducción por adquisición de empresa individual, negocio profesional y participaciones en entidades, aunque, al igual que sucede con la exención del patrimonio empresarial y profesional en el impuesto de patrimonio, urge a evaluar periódicamente la efectividad de este beneficio fiscal.
Además el comité aconseja revisar la regulación de los requisitos exigidos para su aplicación, en particular, el establecimiento de un importe máximo de base imponible que pudiera beneficiarse de esta reducción. Y en la misma línea que en el impuesto de patrimonio, el comité propone un mínimo exento alto y una escala de gravamen moderada para los grupos I y II de parentesco.
Con todo, el comité sugiere al Gobierno que la reforma de estos impuestos a la riqueza ha de acompañarse necesariamente de una diferente delimitación de la capacidad normativa de las comunidades de régimen común para asegurar el fortalecimiento de sus ingresos tributarios.
El comité se inclina por la conveniencia de avanzar hacia una concentración de las competencias normativas de las comunidades en el ámbito del mínimo exentos, las escalas de gravamen y posibles deducciones o bonificaciones de la cuota. Así, se mantendría la coordinación en todo el territorio de las bases imponibles y liquidables y se aseguraría una cuantía mínima de gravamen efectivo.
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