Aunque 2017 ha sido un año de contención, las denuncias de grandes inversores ante Estados en tribunales de arbitraje internacionales ya suman 817 casos en todo el mundo. La gran mayoría se interpuso en la última década y unos dos tercios, 518, ya están cerrados.
De ellos, solo el 36% de las denuncias de grandes corporaciones acabaron dando la razón a los Estados. Los inversores salieron airosos en el 27% de los casos, pero a esos procesos hay que sumar otro 23,5% de los pleitos en los que se llegó a un acuerdo entre las partes.
La mayoría de las querellas tienen su origen en algún tipo de cambio legislativo en el sector público por el que las empresas sienten amenazadas sus inversiones, normalmente por la merma de beneficios futuros.
En este sentido, en los casos en los que se alcanza un acuerdo previo al fallo judicial, se entiende que el Estado debe compensar en mayor o menor medida al inversor extranjero para evitar un mayor coste de indemnización. Por tanto, en más de un 50% de los casos los Estados acaban atendiendo a las denuncias de las corporaciones querellantes.
España es el tercer país del mundo con más denuncias de inversores extranjeros según el registro completo de la UNCTAD. Acumula 36 causas, de las que 31 siguen abiertas.
La mayor parte de ellas proviene del llamado ‘hachazo a las renovables’, los sucesivos cambios legales de los últimos años del Gobierno de Zapatero y el primer mandato de Rajoy que acabó con las ayudas a las inversiones en energías limpias.
Recientemente, España enfrentó su primer gran chasco en los polémicos tribunales de arbitrajes inversor-Estado ante el Ciadi (el mecanismo de resolución de conflictos de este tipo del Banco Mundial), debiendo abonar 128 millones de euros a la británica Eiser Infrastructure Limited y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg por los recortes de la reforma eléctrica.
