El Círculo de Empresarios ha realizado un informe donde analiza la situación económica de España y redacta una serie de recomendaciones con las que profundizar en la competitividad y productividad del país. Según los empresarios, una de las claves radica en la reducción de los impuestos a las empresas y en flexibilizar el mercado laboral.
La flexibilización es una palabra con sentido gramatical positivo que aplicada al sistema laboral puede conllevar una rebaja de los derechos de los trabajadores. Al menos así podría entenderse ateniéndose a las recomendaciones del Círculo de Empresarios, que apuesta por desincentivar la jubilación anticipada y fomentar la ampliación voluntaria de la vida laboral por encima de los 67 años.
Sin embargo, esta no es la recomendación más controvertida del informe publicado esta semana y que puede consultar en la parte superior de la noticia. En el documento de 24 páginas de extensión, los empresarios ponen especial atención a la condición laboral del empleado público.
Según ellos, habría que modificar el estatuto de ese empleado introduciendo “movilidad, flexibilidad e incentivos” en los contratos existentes y aprobando un nuevo marco legal para los nuevos contratos, “más parecido al sector privado, en contratación, despido o remuneración, para equipararlo al modelo del sector público de países como Reino Unido, Dinamarca y Suecia”.
Es decir, asemejar los derechos del empleado público a los derechos del sector privado, lo que supondría un evidente retroceso para los trabajadores del Estado.
Otra de sus apuestas sería “modernizar” el sistema de contratación estableciendo “un menú de tres grandes contratos”: indefinido, por necesidades empresariales (de duración determinada) y juvenil. En todos esos casos, si de la voluntad de los empresarios dependiese, las indemnizaciones por terminación de contratos serían iguales y con menor coste para la empresa.
Un entorno ‘caprichoso’
La mayoría de las propuestas elaboradas por el Círculo de Empresarios va acompañada de una suerte de justificación basada en el entorno. Esto es, sus propuestas las argumentan asegurando que sucede en la legislación de otros países. Por ejemplo, apuestan por ligar la revalorización de las pensiones a la productividad, “siguiendo la experiencia de Suecia”.
Lo llamativo es que la selección de los países está condicionada a la voluntad de los empresarios. Probablemente el ejemplo de Suecia no interese en otros aspectos de la legislación laboral. Tal y como sucede con Francia, Portugal o Italia, que apenas sirven como ejemplo salvo para justificar una determinada propuesta del Círculo de Empresarios.
De esta manera, haciendo recuento de las menciones, se concluiría que los empresarios españoles querrían cimentar una legislación laboral basada en la de Reino Unido. Con apuntes de Suecia, Austria o Dinamarca.
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