CCOO y UGT han convocado a los empleados públicos de la Administración General del Estado a varias movilizaciones para hacer visible el empeoramiento de sus condiciones de trabajo y, como consecuencia, de los servicios públicos que prestan a la ciudadanía, que “en algunos casos están al borde del colapso”.
La convocatoria comienza hoy con una concentración frente a la Dirección General de la Función Pública, que se repetirá en diferentes provincias en los próximos meses.
Los sindicatos denuncian que desde 2010 se ha reducido la plantilla en un 14%, pasando de 231.157 a 198.594 empleados públicos en el ámbito de la Administración General del Estado. Un escenario que irá a peor ya que la previsión de jubilaciones en los próximos cinco años asciende a 26.945 efectivos menos, en una plantilla ya envejecida, pues la mitad tiene más de 50 años y solo 1.200 son menores de 30.
Por ello, CCOO y UGT reclaman una oferta de empleo público extraordinaria y cifran en 30.072 las incorporaciones de personal urgentes en un informe sobre ámbitos en situación crítica de la Administración General del Estado, hecho público en abril.
Asimismo, advierten que el incremento del empleo público debe ir acompañado de una recuperación retributiva, ya que tras el 5% deducido en las nóminas en 2010 y la posterior congelación salarial, solo en 2016 se produjo una subida de un 1%. En total, este personal sufre cerca de un 13% de pérdida salarial, entre recortes, congelaciones y subida del IPC, calculan.
Los sindicatos también reclaman el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público que, tras 10 años desde su aprobación, aún tiene pendiente la regulación de materias como carrera profesional, clasificación profesional o sistema retributivo.
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