Los ecologistas exigen participar en la Comisión de Expertos sobre transición energética del Gobierno

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El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la creación de una Comisión de Expertos para estudiar diferentes escenarios en el proceso de transición energética. Las organizaciones ecologistas reclaman un hueco en este comité, que contará con 14 miembros, para “reforzar el enfoque de sostenibilidad medioambiental” que garantice que “tanto las personas, como el planeta, están en el centro de las propuestas energéticas”.

En un comunicado conjunto, las ONG ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF exigen al Gobierno que también integre a algunos de sus expertos, así como a representantes de las asociaciones de consumidores. De lo contrario, entienden, “se perdería el tiempo en ejercicios que mantienen los intereses de las grandes empresas energéticas que han puesto en peligro los derechos constitucionales a la salud y a un medioambiente limpio de la ciudadanía”.

Las organizaciones firmantes subrayan al respecto que las negociaciones internacionales sobre cambio climático, tanto en Naciones Unidas como en la Unión Europea, han contado con la participación de los grupos ecologistas, a las que se ha reconocido su importante contribución en el proceso.

En el texto, defienden que “la transición energética hacia un sistema 100% renovable, eficiente e inteligente ha de ser lo suficientemente rápida para evitar los efectos más devastadores del cambio climático. Para ello “tendrán que sumarse y contribuir millones de personas que ahorren, consuman, generen e intercambien energía limpia; por esto, es inconcebible que el Gobierno quiera dejar fuera de esta comisión toda la experiencia de ONG ecologistas y las asociaciones de consumidores”.

Según lo anunciado por el Gobierno, el propio ejecutivo designará a cuatro miembros de la comisión, cada grupo parlamentario elegirá a uno y los otros tres serán nombrados por agentes sociales (UGT, CCOO y CEOE).

El comité de expertos tendrá seis meses para presentar el informe, que se remitirá al Ministerio de Energía para su posterior paso por el Consejo de Ministros. El Gobierno enviará entonces el informe al Congreso para que este se pronuncie sobre el mismo.

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