El ministro de Energía, Álvaro Nadal, avanzó la semana pasada su intención de transferir las competencias y los fondos de la compañía pública Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, S.A.) para el desmantelamiento de las centrales nucleares a las compañías propietarias de las plantas. La medida, según ha denunciado Ecologistas en Acción, supone dejar “en manos de las eléctricas el desmantelamiento nuclear”, lo que conllevará más “inseguridad” y “menos control ciudadano y político” a este proceso.
Durante su comparecencia ante la comisión de Energía en el Congreso para dar explicaciones por la sentencia que anula la indemnización por Castor y por la fuerte subida del precio de la luz, Nadal explicó que planteará al Hemiciclo un cambio normativo para que la responsabilidad de clausurar las centrales nucleares pase a las compañías privadas. Para hacer frente al coste, las empresas contarían con la parte correspondiente del fondo que Enresa tiene dedicado a financiar el desmantelamiento de estas plantas, que ya contempla de las aportaciones de las eléctricas y que asciende a unos 4.500 millones de euros.
Para la organización ecologista, los cambios que prepara el Ministerio de Energía, supondrían “un profundo y peligroso cambio en la gestión del parque nuclear en España”. Peligroso, principalmente, porque podría restar seguridad: “Las empresas intentarán, en consonancia con las intenciones del ministro Nadal, mantener en funcionamiento las centrales nucleares el mayor tiempo posible, bajo el pretexto de generar más fondos para el desmantelamiento” y esta prolongación de la actividad de las instalaciones “implicaría un deterioro por el envejecimiento de las centrales, con el consiguiente aumento de la inseguridad que provocaría esta degradación”.
En este sentido, Ecologistas en Acción sostiene además que las compañías eléctricas intentarían reducir costes para incrementar sus beneficios, “lo que reduciría las garantías en las diferentes fases del ciclo nuclear. Esto aumentaría del riesgo de accidente, fuga o contaminación de las personas trabajadoras”.
Más allá de los aspectos relacionados con la seguridad nuclear, los ecologistas ponen de manifiesto en un comunicado que los procesos de licenciamiento de obras, bienes y servicios durante el desmantelamiento podrían perder “las garantías a las que obliga la contratación pública y a las que hoy está sujeta Enresa, permitiendo a las eléctricas realizar esos contratos con criterios puramente económicos”. Las compañías se harían con los abultados fondos de Enresa para su gestión, lo que les otorgaría “un enorme poder para actuar en el ámbito financiero, que se sumaría al que ya tienen actualmente” y podrían se acabarían las actuales restricciones que tiene Enresa, al ser una sociedad pública, para la gestión del dinero. Entre otras cosas, “le impiden invertirlos en productos financieros especulativos, evitando así el riesgo de que se produzcan pérdidas”.
Por último, la organización habla también del impacto que el cambio regulatoria tendría en la democracia española, pues el desmantelamiento de las centrales escaparía del control palamentario. “Las comparecencias de Enresa dejarían de tener sentido y se perdería la capacidad de control del Congreso de los Diputados y otras instituciones sobre el proceso de desmantelamiento”, señala la nota.
“Estamos ante una posible aberración legal que introducirá más inseguridad nuclear y menos control ciudadano y político de los procesos de desmantelamiento. Además otorgaría a las eléctricas mucho más poder del que tienen hoy a través de la gestión de los fondos de Enresa”, apunta el portavoz de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón.
