El Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno el 17 de marzo para paliar el impacto socioeconómico del covid-19 evitó que durante el segundo trimestre del año se produjeran desahucios de viviendas habituales en propiedad. No obstante, eso no significó que se llevasen a cabo ejecuciones hipotecarias durante ese periodo.
Según los datos oficiales, el número de inscripciones de certificaciones por ejecuciones hipotecarias que se iniciaron en los registros de la propiedad en el segundo trimestre se han reducido en un 47,6% frente al trimestre anterior, hasta las 5.534 inscripciones. En el caso de los desahucios sobre vivienda, la cifra se redujo un 64,3% en tasa interanual, hasta los 2.905.
Los datos parecen indicar que la mayor parte de desahucios se produjeron en segunda viviendas de la costa. De hecho, casi un 30% del total se produjo en la Comunidad Valenciana, con un total de 816 ejecuciones hipotecarias, muy por delante de Cataluña (496) y Andalucía (466), que completan el podio.
