El 74,8% de esos lanzamientos, 5.874, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 1.469 -el 18,7% del total- se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 507 restantes obedecieron a otras causas.
Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 1,9% respecto al segundo trimestre de 2023. Para los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el aumento fue del 10,7% y para los 507 derivados de otras causas, del 6,5%.
Cataluña –con 2.091 lanzamientos, el 26,6% del total nacional– ha sido la comunidad autónoma en la que se practicaron más lanzamientos en el segundo trimestre de 2024, seguida por Andalucía, con 1.129; la Comunidad Valenciana, con 1.006 y Madrid, con 831.
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.577, el 26,8% del total; seguida por Andalucía, con 765; Madrid, con 730; y la Comunidad Valenciana, con 705. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, en Cataluña hubo 322; en Andalucía, 287; en la Comunidad Valenciana, 253 y en Murcia, 129.
UN 6,2% MÁS DE EJECUCIONES HIPOTECARIAS
Por su parte, los datos del CGPJ reflejan que en el segundo trimestre del año se presentaron 5.483 ejecuciones hipotecarias, un 6,2 % más que en el mismo periodo de 2023.
El mayor número se dio en Andalucía, con 1.238, un 22,6% del total nacional. Le siguieron Cataluña, con 1.122; la Comunidad Valenciana, con 862; y Madrid, con 529. Sin embargo, si ponemos el número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destacan Murcia, con 19,1 por cada 100.000 habitantes; la Comunidad Valenciana, con 16,1 y Andalucía, con 14,1.
CAEN LOS VERBALES POSESORIOS POR OCUPACIÓN ILEGAL DE VIVIENDAS
Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.
En el segundo trimestre de 2024 ingresaron 639, un 19,1% menos que el año anterior. En Cataluña se presentaron el mayor número de demandas (128), que representan el 20% del total nacional. Le siguieron Andalucía, con 120 y la Comunidad Valenciana, con 102.
