Del total de lanzamientos, 5.306 (el 72,9%) fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 1.497 (el 20,6%) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 476 restantes obedecieron a otras causas.
De acuerdo con el informe publicado este viernes, los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias experimentaron una disminución interanual del 37%, mientras que los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos se redujeron en un 32,6% y los derivados de otras causas descendieron el 16,2%.
Cataluña, con 2.274 lanzamientos –el 31,2% del total nacional–, fue la comunidad autónoma en la que se practicaron un mayor número durante el segundo trimestre de 2023. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 1.090; Andalucía, con 1.051; y Madrid, con 561.
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.621, el 30,6% del total. Por detrás le sigue la Comunidad Valenciana, con 803; Andalucía, con 658, y Madrid, con 492.
En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, Cataluña, con 415, fue el territorio que presentó el mayor número, seguida de Andalucía, con 316, y la Comunidad Valenciana, con 251.
El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.
Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el segundo trimestre de 2023 fue de 13.516, un 21,1% menos que en mismo trimestre de 2022. De ellos, 6.248 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa una disminución interanual del 32%.
Del informe se desprende también que en el segundo trimestre del año se presentaron 5.161 ejecuciones hipotecarias, un 17,3% menos que en el mismo periodo de 2022.
El mayor número se dio en Andalucía, con 1.064, un 20,6% del total nacional. Le siguieron Cataluña, con 1.027; la Comunidad Valenciana, con 821; y Madrid, con 567.
Sin embargo, si se atiende al número de ejecuciones hipotecarias ingresadas en relación con la población, destacan la Comunidad Valenciana, con 15,7 ingresadas por cada 100.000 habitantes; y Castilla la Mancha, con 13,4.
Por otro lado, el informe señala que en el segundo trimestre de 2023 ingresaron en los juzgados especializados 21.522 asuntos referidos a las cláusulas suelo, lo que representa un 2,5% más que en igual trimestre de 2022.
En total, se resolvieron 29.669 asuntos, un 19,9% menos, y quedaron en tramitación 145.201, lo que supuso una disminución en un 21,7%. Se dictaron un total de 24.624 sentencias, el 97,4% de las cuales fueron estimatorias.
En cuanto a los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas poseedoras de vivienda social, el informe refleja que en el segundo trimestre de 2023 ingresaron 797 asuntos de este tipo, un 2,3% más que el año anterior.
En Cataluña se presentó el mayor número de demandas (195), que representan el 24,5 por ciento del total nacional. Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 137; Andalucía, con 130; y Castilla-La Mancha y Madrid, con 57 cada una.
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