Los dependientes más vulnerables, los más desatendidos por los recortes

Los Dependientes Severos y Grandes Dependientes, las personas con mayores y más urgentes necesidades de atención y por tanto los más vulnerables, son quienes menos reducen la lista de espera, según denuncia la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, que califica de “lacerante” que “cuatro de cada diez personas desatendidas”, casi 100.000 personas de las 250.000 que se encuentran en el limbo de la dependencia, sean dependientes con Grados II o III, los más graves.

Y esto sucede, según el XIX Dictamen del Observatorio de la Dependencia, debido a que las Comunidades han optado por atender a aquellos que pueden reducir este limbo con menores costes para el sistema (dependientes moderados), con servicios y prestaciones de menor coste. La prueba es el coste por dependiente se ha reducido un 20,8% desde el año 2009 (7.687€), a 2018 (6.087€)

Por eso no hay optimismo en XIX Dictamen del Observatorio de la Dependencia pesar de que el mismo se constata que las listas de espera de la dependencia se redujeron en 2018 en 60.000 personas. Un dato positivo que se eclipsa por el hecho de que el año pasado murieron 30.400 dependientes esperando a recibir los servicios que les habían sido reconocidos por ley, 80 personas cada día. Además, en el informe se advierte que a este ritmo se tardarían más de tres años en atender la actual lista de espera y que esta reducción de las listas de espera, ha hecho en gran medida a costa de atender a los dependientes moderados que sale más barato.

3.154 millones de recorte

Además, el dictamen recalca que El Estado aporta solo el 20% del gasto público directo en dependencia cuando debería encargarse del 50%, con lo que “el gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley debido al modelo de financiación y a las reducidas y recortadas cuantías del Nivel Mínimo. Señalando que la Administración General del Estado afrontó el 20,3% del gasto y las Comunidades Autónomas el 79,7% restante. Con lo que la disminución de la financiación a las Comunidades Autónomas desde julio de 2012 hasta diciembre de supone ya una cifra acumulada de 3.154 millones de euros de recorte.

En el informe se avisa que dado que la financiación actual mantiene los recortes de 2012 “el escenario que se abre es de alta incertidumbre y peligro de un nuevo frenazo al sistema” y hace notar que la partida de 415 millones de euros prevista en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, hubiera permitido atender a casi 70.000 personas más y se habrían generado 16.000 nuevos empleos directos.

Por regiones, el estudio destaca que la atención es plena en Castilla y León, Ceuta y Melilla, y que han progresado positivamente en los dos últimos años Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Murcia. Hay comunidades en las que se aprecia «cierto estancamiento”, como Asturias, Canarias, Cantabria y País Vasco y señala que las comunidades “en situación preocupante” son Andalucía, Catalunya y La Rioja.

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