Efectivos de la Policía y la Guardia Nacional de Estados Unidos en un control cerca del Capitolio de cara a la investidura de Joe Biden
Tras la reapertura del Gobierno federal, el pulso político vuelve a centrarse en Seguridad Nacional, una de las partidas más sensibles del presupuesto estadounidense por el papel de sus agentes en las recientes operaciones antimigratorias.
Los demócratas vinculan el apoyo presupuestario a cambios en las actuaciones del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional
Entre las medidas planteadas por el líder demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y por el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, figura la prohibición del uso de máscaras por parte de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Además, reclaman que los agentes muestren información visible que los identifique y que faciliten verbalmente su número de identificación y apellido cuando se les solicite.
El documento también exige que los agentes federales no puedan entrar en propiedades privadas sin una orden judicial ni actuar en lugares sensibles, como centros médicos, colegios, guarderías, iglesias o tribunales.
El uso de máscaras y los registros sin orden judicial se sitúan entre los principales puntos de fricción con los republicanos
Otra de las demandas clave es la aprobación de una política de uso razonable de la fuerza, que obligue a que los agentes estén debidamente capacitados y certificados. En caso de incidentes graves, se plantea que los implicados sean retirados del servicio, una exigencia que cobra relevancia tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses tiroteados por agentes federales durante una operación en Minnesota.
Asimismo, los demócratas reclaman que los estados y administraciones locales mantengan sus competencias para investigar posibles casos de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes federales.
La muerte de dos ciudadanos en Minnesota ha intensificado las exigencias de control y supervisión policial
El texto enviado a los líderes republicanos también pide que todos los agentes utilicen cámaras corporales y que se regulen los uniformes y equipamientos para evitar una deriva hacia una “policía paramilitar”.
En paralelo, se exige que los centros de detención cumplan estándares básicos, como el acceso inmediato a un abogado, y que los estados puedan actuar legalmente ante posibles incumplimientos de estas normas.
| Exigencias clave de los demócratas | Ámbito afectado |
|---|---|
| Prohibición de máscaras en ICE | Operativos migratorios |
| Registros solo con orden judicial | Actuación policial |
| Cámaras corporales obligatorias | Control y transparencia |
| Acceso inmediato a abogado | Centros de detención |
| Límites al uso de la fuerza | Seguridad y derechos civiles |
Otra de las reclamaciones centrales es la prohibición de prácticas discriminatorias, de modo que no se puedan realizar detenciones, interrogatorios o registros basados en el lugar donde se encuentra una persona, su trabajo, el idioma o acento, o su raza y etnia.
Además, exigen frenar los arrestos indiscriminados, verificar si una persona es ciudadana estadounidense antes de su internamiento en centros para migrantes y mejorar los procedimientos relacionados con órdenes judiciales, tras retrasos en el cumplimiento de fallos que ordenaban la liberación o el retorno de detenidos de forma irregular.
La carta apunta a prácticas discriminatorias y a detenciones sin verificación previa de la ciudadanía
Pese a que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ya ha anunciado que todos los agentes llevarán cámaras corporales, el acuerdo bipartidista sigue siendo incierto. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha rechazado públicamente dos de las principales exigencias: la prohibición de registros sin orden judicial y el veto al uso de máscaras por parte del ICE, según informa CNN.
Las negociaciones se desarrollan con un margen inferior a una semana, tras la aprobación de una financiación temporal que permitió reabrir el Gobierno federal después de un cierre parcial de tres días, provocado precisamente por las discrepancias en torno al presupuesto de Seguridad Nacional.
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