La FP privada en España: ¿En qué CCAA tiene más peso?

Un reciente informe de CCOO, titulado ‘La FP en venta: cómo la privatización está robando el futuro de la juventud’, se alerta del avance de la oferta privada en la FP y de las “crecientes desigualdades” territoriales en el acceso a una formación pública y de calidad.

El documento pone de relieve que el fuerte crecimiento del alumnado en FP no ha ido acompañado de una expansión “suficiente” de la red pública. Como resultado, la oferta privada “absorbe cada vez más demanda”, afirma Comisiones, y ya representa cerca de un tercio del alumnado a nivel estatal.

Esta cifra se supera en comunidades como el País Vasco (43,8%) o en la Comunidad de Madrid (37,6%). A continuación se sitúan Aragón y Cataluña, con el 35,9% y 35,6%, respectivamente.

CCAA con mayor peso de FP privada (2024-2025)

Por su parte, las autonomías con menos preso de la FP privada son Canarias (8,7%), Castilla-La Mancha (12%) y Extremadura (13,9%). Sin olvidar Melilla (0%) y Ceuta (1,4%).

CCAA con menor peso de FP privada (2024-2025)

Según denuncia el mencionado sindicato, el acceso a la FP depende cada vez más del lugar donde se vive y de la capacidad económica de las familias. “En un contexto de precariedad laboral, bajos salarios y enormes dificultades para la emancipación, la FP se ha convertido en una vía clave hacia el empleo juvenil, pero la falta de planificación pública la está transformando en un mercado educativo que selecciona por renta”, critica.

Esta desigualdad se agrava en los territorios rurales y en las comunidades con mayor presión de demanda, “donde la escasez de plazas públicas obliga a muchas personas jóvenes a desplazarse, asumir costes elevados o recurrir a la FP privada –presencial o a distancia– como única alternativa”. Esta situación, lamenta CCOO, “limita las oportunidades formativas y profesionales, y debilita el papel de la FP como herramienta de cohesión social y territorial”.

Ante este escenario, el sindicato reclama un plan de expansión de la FP pública, más inversión en infraestructuras, profesorado y orientación profesional, y un modelo de FP Dual con derechos, vinculado a empleo digno y estable.

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