Los beneficios que declaran las multinacionales, en la diana de Hacienda

Hacienda está intensificando el control sobre los precios de transferencia registrados en las operaciones internacionales de los grupos multinacionales que operan en España para evitar que por esa vía reduzcan los impuestos que pagan en España

Por lo menos eso es lo que asegura hoy elconfidencial.com, después de que empresas investigadas y abogados especializados en la materia le hayan asegurado que la Agencia Tributaria está examinando más a fondo esta cuestión en las cuentas de los últimos ejercicios abiertos a inspección.

Según el citado medio online, esta situación se da después de que las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero hayan ido incrementando año tras años su preocupación con respecto a los precios de transferencia. Apuntando las líneas de actuación han ido aumentando la importancia de que los inspectores controlen con firmeza este asunto, ya que es una de las vías de ingeniería fiscal más utilizada para reducir la factura tributaria que deben asumir las multinacionales en España.

Explica el citado medio que “los precios de transferencia en las operaciones vinculadas son una vía con la que las grandes multinacionales tratan de rebajar su base imponible y por consiguiente, el montante total que pagan por el impuesto de sociedades. Así, pueden llevar la carga impositiva a territorios de baja tributación o al país de origen de la compañía en cuestión, que prefiere, por razones políticas o de otra índole, desembolsar los impuestos sobre los beneficios en un determinado país”.

Hace notar elconfidencial.com que en 2015 y 2016, la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria apenas hacía una mención al control de los precios de transferencia en lo que a la planificación fiscal internacional respecta. Pero que “en 2017 el tono de la Agencia Tributaria subió varios enteros. El cambio con respecto a esta cuestión parte de la puesta en marcha del Proyecto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, por sus siglas en inglés) impulsado por la OCDE, preocupada por la elusión de impuestos de las empresas en los territorios donde operan y logran sus beneficios.

Subrayando que en el plan de acción que Hacienda marca a sus inspectores en 2018 de nuevo elevó el tono: «La Agencia Tributaria, con la iniciativa, actuación y capacidad de coordinación de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, prestará particular atención al análisis de las actuaciones realizadas por empresas y grupos en aquellos ámbitos que han sido considerados como de mayor riesgo con atención destacada, entre otras, a las siguientes áreas: a) Precios de transferencia, b) Planificación fiscal agresiva, c) Establecimientos permanentes y d) Paraísos fiscales y jurisdicciones privilegiadas u opacas». Es decir, que el pasado ejercicio el control sobre los precios de transferencia pasó a estar en el primer lugar del control interno sobre las empresas.

Mientras que esta se ha vuelto a dar una vuelta de tuerca a la cuestión este año, según elconfidencial.com, que revela que Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019 hace más menciones que cualquiera de los anteriores a los precios de transferencia y “consideran de gran relevancia las actuaciones de naturaleza preventiva tendentes a garantizar las bases tributarias”. Por ello lo eleva a cuestión prioritaria: “La internacionalización e integración de la actividad económica a nivel mundial han dado lugar a que las operaciones vinculadas tengan una importancia sustancial en la economía actual. Ello unido al riesgo fiscal inherente a este tipo de operaciones derivado de la propia vinculación de las entidades participantes y de las dificultades de la Administración para acceder a la información relevante que permita un adecuado control de este tipo de operaciones hace que se trate de un ámbito prioritario para las actuaciones inspectoras en 2019”.

Por ello, señala el digital, las multinacionales ya están notando mayor presión sobre los ejercicios que Hacienda mantiene abiertos a inspección, según apuntan fuentes empresariales y legales, entre ellas las grandes multinacionales del automóvil que a pesar de que cuentan con importantes fábricas en España, sus centros de decisión están fuera de territorio nacional.

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