Los gobiernos autonómicos socialistas creen que el Gobierno debe “vigilar” que la merma en la recaudación para Madrid -300 millones- que va a suponer la rebaja del IRPF anunciada por su presidenta, Isabel García Ayuso, no suponga un incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, según publica hoy vozpopuli.com.
Este digital explica que los barones socialistas, que son muy críticos con esa medida por lo que supone de “insolidaridad” desde una de las comunidades más ricas, recuerdan que el artículo el artículo 19 de la ley faculta al Ministerio de Hacienda a corregir el presupuesto 2020 de cualquier administración si “aprecia riesgo” de incumplimiento del objetivo de deuda o la llamada regla de gasto.
Sin embargo, vozpopuli.com apunta que fuentes del departamento que dirige la ministra María Jesús Montero aclaran que Madrid, como el resto, tiene “capacidad normativa” para hacer esa rebaja del IRPF en el tramo autonómico. Y afirman que otra cosa es que el Gobierno Ayuso presentara unas cuentas descuadradas, en cuyo caso se le exigiría “un plan para revertir ese incumplimiento» hoy por hoy hipotético; de hecho, el miércoles la propia Montero ya avisó que «ingresos y gastos deben cuadrar”.
Estas fuentes del Ministerio de Hacienda dan por hecho –según el citado medio online- que, antes de anunciar semejante decisión en el debate de investidura, el Ejecutivo en funciones del PP madrileño habrá calculado cómo compensar la merma de 300 millones: manteniendo la previsión de ingresos en la idea de que esa rebaja del IRPF generará más consumo y recaudación en 2020, o con una emisión de deuda dentro del límite de 2.657 millones que el Consejo de Ministros le autorizó en febrero para todo este año.
Ayuso tiene margen para ello porque, según datos del Banco de España, Madrid es la autonomía de régimen común con menor nivel de endeudamiento. Su deuda pública se encuentra diez puntos por debajo de la del conjunto de las comunidades autónomas, situada en el 24,3 por ciento del PIB.
El problema, según los barones socialistas, es que no hace ni un mes que la Autoridad Fiscal Independiente (Airef), pidió a Hacienda que controle las cuentas de Madrid -y de Canarias y Navarra- porque su gasto público está creciendo de manera preocupante en 2019 entre un 5 y un 8%, sin contar operaciones no recurrentes -desembolsos extraordinarios- ni fondos europeos. Eso, dice la Airef, conlleva un «riesgo alto de incumplimiento de la regla de gasto».
