Según fuentes conocedoras de la situación no identificadas, citadas por Bloomberg, recoge Europa Press, Roma estaría considerando prorrogar la norma vigente que obliga a las entidades a suspender el uso de créditos fiscales diferidos, lo que podría impulsar la recaudación en hasta 1.500 millones de euros, permitiendo a la vez al Ejecutivo bajar los impuestos a la clase media sin poner en riesgo la meta de reducir el déficit por debajo del límite del 3% el próximo año.
En este sentido, según Il Messagero, tras la congelación de 4.000 millones de créditos fiscales acordada para el periodo 2025-2026, el Ejecutivo estaría trabajando para extender la medida por un período adicional de dos años.
Los activos por impuestos diferidos, conocidos como DTA, son créditos derivados de pérdidas previas que los bancos pueden utilizar en años posteriores para reducir su factura fiscal. Una prohibición temporal de su uso implica que las entidad pagan más impuestos al principio, aunque menos posteriormente, cuando finalmente pueden aplicarse los DTA.
En cualquier caso, las fuentes consultadas subrayaron que cualquier nueva medida se debatirá y coordinará con las entidades crediticias italianas.
La cotización de las entidades italianas reflejaba este miércoles la incertidumbre, recoge la citada agencia, con caídas de hasta el 4,1% para Banca Monte dei Paschi di Siena; del 3,25% para Intesa San Paolo; del 2,95% para Mediobanca; y de hasta un 3% para Banca BPM. De su lado, las acciones de UniCredit cedían un 0,24%.
