El Ayuntamiento de Madrid, particularmente, tiene motivos este martes para estar contento. El Real Decreto del Gobierno que plantea medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler da ‘luz verde’ a que los ayuntamientos utilicen el superávit en la promoción de vivienda pública.
Hasta ahora, las administraciones locales no podían valerse de las Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) para ampliar su parque de viviendas. Las IFS son inversiones que nacen exclusivamente del superávit y cuya ejecución tienen un plazo extendido de dos años como máximo, una duración corta en relación a la vivienda.
En cualquier caso, el decreto publicado este martes en el BOE otorga un espacio para el optimismo en esas administraciones como la de Manuela Carmena que dispone de grandes superávits y déficit de vivienda pública.
Según el documento del Gobierno, esta medida es una modificación “que contribuirá a eliminar barreras y paliar el grave déficit de vivienda social existente en nuestro país”, recoge el Boletín Oficial del Estado.
Además, los consistorios podrán establecer una bonificación de hasta el 95% en la cuota del IBI para las viviendas sujetas a alquiler a precio limitado. Por último, queda eliminada la obligación de repercutir el IBI al arrendatario en el alquiler social de vivienda por parte de Administraciones o entes públicos.
