Los API reclaman una legislación urgente para frenar los desahucios y “humanizar” el alquiler

Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) exigen una legislación “urgente” para “fomentar el equilibrio del mercado del alquiler y la seguridad en el acceso a la vivienda de los ciudadanos”, alarmados por los últimos datos difundidos por Consejo General el Poder Judicial (CGPJ) que reflejan que los desahucios de viviendas por impago de alquileres crecieron un 6,1% en el segundo trimestre y que seis de cada diez lanzamientos llevados a cabo en este periodo en España fueron de inquilinos que no pagaron sus rentas.

Los API esgrimen su profundo conocimiento del mercado de la vivienda repartidos por toda España, para hacer sonar la alarma “ante el escenario actual del alquiler en las grandes ciudades e islas”. Y el presidente del colectivo de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Diego Galiano, alerta de que ya hay miles de familias que no pueden ni comprar ni alquilar vivienda, “con una escalada desproporcionada de rentas y con expulsión de inquilinos del alquiler tradicional”.

En este sentido, consideran que el informe publicado del CGPJ sobre el aumento de los desahucios por impagos de rentas se corresponde con el crecimiento exponencial que desde el inicio de la crisis en 2008 viene teniendo el régimen de alquiler de vivienda. “Hemos asistido a una década histórica de un mercado de alquiler imparable y con velocidad de crucero. Era cuestión de tiempo que los desahucios por impago de rentas superase a los desahucios hipotecarios”, señala Galiano.

Desde el Consejo General de Colegios API se recuerda que “una parte importante de la población alquila por necesidad, ya que no pueden acceder a la compra de vivienda al no disponer de estabilidad laboral ni ahorro; otros por circunstancias estudiantiles, laborales o familiares que les lleva a tener residencias alternativas temporales; y un tercer grupo por deseo propio, jóvenes sin ataduras, tecnológicos, emancipados que viven de forma independiente sin voluntad de hipotecarse por miedo a lo que ocurrió en el pasado. “Esa elevada demanda latente de alquiler choca con la escasez de oferta, tanto pública como privada, y choca con los intereses mercantiles de grandes tenedores de vivienda”, explica el presidente del Consejo General API.

La realidad es que España se enfrenta a un gran problema de vivienda para atender la demanda de alquiler. “Los poderes públicos están obligados a fomentar las condiciones necesarias para cubrir esta necesidad ciudadana y para humanizar el alquiler con seguridad y fiabilidad, y ello sólo se conseguirá con un gran Pacto de Estado por la Vivienda, sin intereses partidistas, y solo con el foco puesto en el ciudadano”, manifiesta Diego Galiano.

Estos profesionales consideran que para impulsar la oferta, sólo cabe la intervención administrativa actuando con decisión, por un lado ampliando los parques públicos de vivienda con urgencia, y, por otro, promoviendo condiciones fiscales favorables e incentivos para propietarios particulares con viviendas vacías, previo censo fiel del número de vivienda desocupada por áreas geográficas. Y hacen notar que “los grandes tenedores, por cuestión del volumen que manejan, deben tener normas distintas y especiales vinculadas con el gravamen fiscal”.

Esta y otras propuesta se las hicieron llegar al Gobierno en encuentro que el mes pasado mantuvieron los API con la secretaria general de Vivienda del Ministerio de Fomento, Helena Beunza, en una reunión en la que han abordado la anunciada nueva normativa de vivienda y, en concreto, la problemática del precio del alquiler en España.

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