Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, han insistido por carta al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en su petición de cerrar definitivamente todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) – del Estado, después de que retomaran su actividad el pasado 23 de septiembre.
En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, Colau ha hecho pública la misiva, con fecha de este lunes, en la que los dos alcaldes aseguran que les preocupa la reapertura de los CIE durante la pandemia del Covid-19.
«Nos parece como mínimo incompatible a nivel de salud, de dignidad y de respeto a los derechos humanos que mientras sigamos teniendo restricciones de movilidad y aforo en espacios al aire libre, se interne a personas que no han cometido ningún delito», han defendido.
Los alcaldes han resaltado que estos centros «no cuentan con la infraestructura suficiente como para afrontar la posibilidad de un solo contagio», y han apelado a la obligación de cualquier gobierno progresista de velar por los intereses de los colectivos más vulnerables.
«Reactivar la actividad en los CIE con el objetivo de retomar las políticas de retorno es incompatible con el contexto actual de cierre de fronteras, además de ser una política que ya se ha demostrado fallida para la regulación de flujos migratorios», han añadido.
En la carta, han lamentado que se sigan destinando «cientos de millones de dinero público» a estas políticas de migración, y han reiterado que el funcionamiento de los CIE contraviene directamente la Directiva europea de retorno y la Ley española de asilo.
POLÍTICAS DE ACOGIDA
Han afirmado que la situación actual requiere de políticas de acogida, solidarias y basada en la cohesión social, y han llamado a un acuerdo del gobierno de coalición de PSOE y Podemos para concretar la dotación del Fondo de Asilo, Migración e Integración.
Colau y Ribó han tendido la mano al Gobierno central para colaborar, y han hecho énfasis en la experiencia de Barcelona y Valencia como ciudades de acogida, con una políticas de atención independientes de la situación administrativa de las personas.
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