«Necesitamos un texto articulado que permita analizar con detenimiento todas las medidas y su alcance antes de posicionarnos», han manifestado desde Coapi, quienes también han recordado que los poderes públicos deben legislar pensando en el derecho de los ciudadanos a acceder a una vivienda digna y en la necesaria protección de aquellos colectivos más vulnerables o desprotegidos.
Pese a ello, tal y como ha declarado la responsable de la asesoría jurídica de Coapi, Montse Junyent, creen «injusto» que se traslade las necesidades habitacionales de la población al sector privado. «Corresponde a los poderes públicos arbitrar las medidas necesarias para el incremento de vivienda social», ha declarado la portavoz.
