Parlamento Europeo
Los actos de intimidación y violencia contra parlamentarios de todo el mundo han sufrido un repunte en 2020, siendo las mujeres las que los sufren de manera «más desproporcionada», según las cifras reveladas este jueves por la Unión Interparlamentaria.
Los números publicados por el organismo, en vísperas del Día de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre, confirman también una tendencia ascendente en las denuncias de violaciones de sus derechos, una tesitura en alza desde hace cuarenta años, cuando se creó el Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria.
En concreto, de los 552 casos examinados este año por el citado comité, 98 se referían a abusos contra hombres y 454 contra mujeres. Además, el 85 por ciento de los casos analizados afectan a parlamentarios de la oposición.
Según el organismo, las violaciones más habituales de los Derechos Humanos en 2020 han sido la suspensión y pérdida del mandato parlamentario de manera injustificada, la falta de un juicio justo y otros procedimientos imparciales, amenazas y actos de intimidación y violación de la libertad de expresión.
En referencia a las amenazas y los actos de intimidación, han ascendido del cuarto al tercer lugar en la lista de violaciones más habituales de los Derechos Humanos que afectan a los parlamentarios.
Por sexo, las mujeres están más expuestas a la tortura, el maltrato y los actos de violencia, ya que en los casos examinados hay un 34 por ciento de parlamentarias afectadas en comparación con el 18 por ciento de sus homólogos hombres.
En 2020, la Unión Interparlamentaria examinó 98 casos que concernían a parlamentarias, lo que supone un aumento en relación con los 85 casos de 2019. Esto representa el 18 por ciento de todos los casos llevados ante el Comité, un número casi tres veces superior al de hace seis años –34 mujeres en 2014–.
Por quinto año consecutivo, las Américas acaparan el mayor porcentaje de violaciones de los Derechos Humanos de los parlamentarios, el 32 por ciento o 178 de los 552 casos, impulsadas por el gran número de casos de Venezuela.
En ese país, la Unión Interparlamentaria ha detallado que aún supervisa «estrechamente» las acusaciones que afectan a 134 parlamentarios venezolanos de la coalición de partidos de la oposición con el telón de fondo de las elecciones parlamentarias previstas para el 6 de diciembre.
Según las pruebas de las que dispone el comité, casi todos los parlamentarios han sido objeto de ataques, amenazas, acoso o intimidación de otro tipo por parte de partidarios del Gobierno.
Las Américas son, además, la única región donde la violación más frecuente de los Derechos Humanos se refiere a amenazas y actos de intimidación, que afecta directamente a la integridad física de los parlamentarios. La región de Oriente Medio y Norte de África es el origen del segundo mayor porcentaje de casos denunciados, el 25 por ciento.
El Comité de la Unión Interparlamentaria está vigilando más casos originados en los mismos países que en los últimos años, lo que indica que la situación en estos países –Brasil, Colombia, República Democrática del Congo, Venezuela y Yemen– está empeorando, especialmente para los parlamentarios de la oposición.
La pandemia de COVID-19 ha proporcionado a algunos gobiernos la oportunidad de actuar contra los parlamentarios de la oposición por medio del uso de leyes sobre el confinamiento para detenerlos o vulnerar de otra manera sus derechos, especialmente en Venezuela, Uganda y Zimbabue, ha asegurado la Unión Interparlamentaria.
En diciembre de 2020, el Comité tiene previsto examinar los casos de 30 parlamentarios detenidos en nueve países –Costa de Marfil, Eritrea, Gabón, Irak, Mongolia, Níger, Palestina, Filipinas y Turquía–.
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