17/02/2021 17 February 2021, Berlin: Three vials of the Moderna COVID-19 vaccine can be seen in a new coronavirus vaccination center at Velodrom arena. Photo: Michael Sohn/POOL AP/AP SALUD INTERNACIONAL Michael Sohn/POOL AP/AP / DPA
Legal & General Investment Management (LGIM), una gestora de activos con sede en Londres, cree que los accionistas de Moderna merecen saber cómo la financiación del Gobierno estadounidense para las vacunas Covid afecta “al acceso a dichos productos, como la fijación de precios”, según recoge Financial Times.
Tras haber recibido al menos 2.500 millones de dólares del Gobierno de EEUU, Moderna ha enviado vacunas a países mayoritariamente ricos y no ha transferido su tecnología a fabricantes de países de ingresos bajos o medios, según LGIM.
Moderna está luchando contra la propuesta en la Comisión del Mercado de Valores (SEC). Las empresas suelen impugnar las propuestas de los accionistas ante la SEC y a menudo ganan, apunta FT.
Pero no es el único foco del incendio. Separadamente, Oxfam se ha unido a otros inversores para presentar peticiones a Moderna y Pfizer con el fin de exigir a las empresas que hagan más por compartir la tecnología de las vacunas. Para Moderna, ambas propuestas de los accionistas representan las primeras peticiones de los inversores a las que se enfrenta la empresa desde que salió a bolsa en 2018.
Moderna, que de momento guarda silencio, ha estado bajo presión para reducir sus precios y ampliar la producción para los países más pobres. Elizabeth Warren, la senadora demócrata de Massachusetts, señaló a Financial Times el mes pasado que tanto Moderna como Pfizer necesitaban “hacer más para abordar las disparidades inaceptables en el acceso global a las vacunas contra el Covid-19, incluyendo la expansión dramática de la fabricación de vacunas en todo el mundo”.
Se prevé que ambas empresas obtengan más de 93.000 millones de dólares el año que viene solo en ventas de vacunas contra el coronavirus.
Moderna se encuentra en una posición especialmente inusual porque ha desarrollado su vacuna en colaboración con los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de EEUU. Barney Graham, uno de los científicos de los NIH que participó en el proceso de desarrollo, declaró al FT a principios de este año que el papel del Gobierno en la producción de la vacuna le daría “ventaja” sobre Moderna a la hora de fijar los precios.
Sin embargo, Moderna se ha opuesto enérgicamente a esta sugerencia, emitiendo recientemente una declaración pública en la que rechaza la idea de que Graham y otros dos científicos del Gobierno hayan co-inventado la vacuna.
En su solicitud a la SEC para bloquear la propuesta de los accionistas de LGIM, Moderna dijo que ya tenía previsto publicar antes del 15 de febrero información adicional sobre la fijación de los precios de la vacuna. “La compañía cree que habrá implementado sustancialmente la propuesta [de LGIM] antes de presentar sus materiales de [votación] por poder”, aseguró.
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