La reforma, compuesta por un reglamento y una directiva, asegura que los consumidores tengan derecho a acceder a contratos de precio fijo o contratos de precio dinámico, y recibir información importante sobre las opciones a las que se suscriban, mientras que no se permitirá a los proveedores cambiar unilateralmente los términos de un contrato.
Además, en base a las nuevas normas, los países de la UE pueden prohibir a los proveedores cortar el suministro de electricidad a clientes vulnerables, incluso durante disputas entre proveedores y clientes.
La legislación prevé los llamados contratos por diferencia (CfD), o esquemas equivalentes con los mismos efectos, para fomentar la inversión en energía ya que se permitirá su uso en todas las inversiones en nueva producción de electricidad, ya sea a partir de energías renovables o nucleares. En un CfD, una autoridad pública compensa al productor de energía si los precios del mercado caen demasiado, pero le cobra pagos si los precios son altos.
El texto establece también un mecanismo para declarar una crisis de precios de la electricidad cuando estos experimenten un fuerte repunte y bajo ciertas condiciones, lo que permitirá a los Estados miembro tomar medidas temporales para fijar los precios de la electricidad para las pequeñas y medianas empresas y los consumidores industriales con uso intensivo de energía.
