La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
La directiva, pactada por los Veintisiete y el Parlamento Europeo el pasado 1 de junio, ha sido aprobada formalmente en los Estados miembros como punto sin discusión en una reunión de ministros europeos. Entrará en vigor 20 días después de ser publicada en el Diario Oficial de la UE y los gobiernos tendrán 18 meses para trasponerla a su legislación nacional.
No obstante, siete países han eludido apoyar la normativa: Suecia y Chipre han votado en contra, mientras que Luxemburgo, República Checa, Croacia, Irlanda y Malta se han opuesto en la votación.
De hecho, la iniciativa estuvo bloqueada durante años por el debate que existe sobre su naturaleza legal. Los países europeos que se oponen defienden que, al tratarse de una propuesta fiscal, debe ser aprobada por unanimidad entre las capitales. El resto defiende que, al ser una medida sobre competitividad, es posible sacarla adelante con una mayoría cualificada.
Por ahora se ha impuesto la visión de los segundos, pero no se puede descartar que las capitales que rechazan la medida planteen en el futuro una pregunta a la Justicia europea para defender la tesis de que debe salir adelante con el voto unánime de los Veintisiete.
El origen de la propuesta legislativa se remonta a abril de 2016 y se enmarca dentro de los esfuerzos de la Comisión Europea entonces presidida por Jean-Claude Juncker para responder a escándalos como el de los Papeles de Panamá o los acuerdos fiscales que países como Luxemburgo o Países Bajos pactaban con grandes firmas.
La medida, que afectará a todas aquellas empresas europeas o filiales de compañías extranjeras que tengan un volumen de negocios neto consolidado de al menos 750 millones de euros al año, exigirá a las multinacionales hacer públicos datos como el número de empleados, sus ingresos, sus beneficios o pérdidas antes de impuestos, los impuestos pagados y los beneficios netos.
Toda esta información tendrá que ser individual para cada país de la Unión Europea y también cuando la empresa tenga actividad en una jurisdicción incluida en las listas ‘negra’ y ‘gris’ de paraísos fiscales de la UE. Para el resto del mundo, los grupos empresariales podrán presentar la información de forma agregada.
El acuerdo, en todo caso, incluye una cláusula de revisión según la cual se podrá modificar dentro de cuatro años tanto el umbral de ingresos (los 750 millones de euros en ingresos) como el ámbito geográfico en el que se aplican la exigencias de transparencia. El Parlamento Europeo confía en que sirva para endurecer las disposiciones pactadas este martes.
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